La Guardia Civil de Cataluña tenía un año siguiéndole la pista a este grupo terrorista, al fin los detuvieron y descubrieron sus atroces planes
Este jueves siete miembros del autodenominado Equipos de Respuesta Táctica (ERT), fueron encarcelados por delitos de terrorismo, sin embargo, durante las investigaciones descubrieron que pretendían colapsar las comunicaciones en Cataluña.
De acuerdo con los primeros informes, el grupo planeaba colocar explosivos en puntos clave de la autopista de peaje AP-7 para obligar a los Mossos (escuadrón de policía) a cortar esta vía. También proyectaban inutilizar torres de telefonía.
Los ERT son una “estructura jerarquizada” que busca la independencia de Cataluña “por todas las vías, incluidas las violentas”, según la descripción del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Este grupo “con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización”, de acuerdo con los detenidos, surgieron como una rama extrema de los Comités de Defensa de la República (CDR). Las escuchas telefónicas de la Operación Judas revelan que los detenidos se referían a sí mismos como miembros del grupo radical ERT.
Los investigadores de la Guardia Civil identifican a dos de los siete detenidos —Xavier Duch y Jordi Ros— como los cabecillas del grupo de supuestos terroristas. Cada uno de los miembros se encargaba de una tarea específica para la organización, según los investigadores. Las pesquisas continúan bajo secreto.
A los arrestados ademas se les decomisaron materiales con los que se pueden elaborar explosivos: ácido sulfúrico, parafina, polvo de aluminio, decapante industrial y nitrato de amonio, así como termita, una composición pirotécnica.
Fuentes cercanas al caso afirman que no se han encontrado explosivos ya preparados para ser utilizados y consideran que los detenidos, pese a sus intenciones de atentar, carecían de la preparación técnica para fabricar artefactos.
El objetivo más avanzado del grupo, según los investigadores, era la casa cuartel de Canovelles, un municipio de Barcelona. Ahí pretendían colocar un artefacto explosivo, según los agentes.
La Guardia Civil le seguía los pasos a este supuesto grupo terrorista desde hace más de un año. Ya en abril de 2018 la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que iba a investigar las acciones de sabotaje de los CDR como un posible delito de rebelión al entender que los grupos callejeros de apoyo a la secesión de Cataluña suponían un “peligro” para el orden constitucional.
De las siete personas encarceladas, cinco tienen el mismo equipo de abogados defensores, quienes solo han declarado que los imputados son personas “normales y corrientes” y que no tienen relación alguna con actividades de índole terrorista.
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