Fueron vinculadas a proceso dos personas señaladas de robar ropa y perfumes en tiendas departamentales de un centro comercial de Cuajimalpa. De ser encontrados culpables, podrían alcanzar hasta dos años de cárcel
La Procuraduría General de Justicia capitalina aportó las pruebas necesarias para que un Juez de Control vinculara a proceso a una mujer y un hombre, de 23 y 44 años, respectivamente, quienes en casos separados robaron mercancía en dos tiendas departamentales ubicadas en el interior de un centro comercial en la delegación Cuajimalpa.
De acuerdo con el primer expediente, el pasado 2 de diciembre la imputada entró a uno de los negocios y se dirigió al departamento de ropa; posteriormente abrió el bolso que portaba y guardó diversas prendas.
Los hechos fueron observados por el personal de seguridad de la tienda, quienes reportaron el ilícito en el número de emergencias 911. Policías preventivos se trasladaron al establecimiento, detuvieron a la implicada y recuperaron la mercancía.
El segundo evento se registró dos días después cuando el indiciado llegó al establecimiento y se dirigió al departamento de perfumería, donde le pidió a una de las empleadas que le mostrara diversas esencias. El probable participante aprovechó un descuido de la trabajadora para agarrar uno de los frascos y lo guardó en una bolsa que llevaba para después dirigirse a la salida.
Vigilantes del comercio que observaron la acción, alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes aseguraron al imputado en posesión del producto sustraído.
En ambos casos, los probables participantes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuajimalpa Dos, quien inició las carpetas de investigación correspondientes por el delito de robo a negocio sin violencia.
Como parte de las indagatorias, se dio intervención a elementos de la Policía de Investigación y a peritos en criminalística, fotografía, identificación y valuación, para realizar las diligencias necesarias en los establecimientos. Con las evidencias recabadas, el representante social ejerció la acción penal contra los implicados.
De encontrarse penalmente responsables, los inculpados podrían alcanzar una sentencia de seis meses hasta dos años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal capitalino.
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