Un alto funcionario del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contrató servicios legales y de cabildeo ante el gobierno de Donald Trump
Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador designado por Maduro en 2015, contrató por 12,5 millones de dólares a la firma estadounidense Foley & Lardner LLP, que además fichó por dos millones al cabildero Robert Stryk, de Sonoran Policy Group.
El acuerdo, señalan los documentos, prevé que la firma brinde asesoría legal y en procedimientos ante tribunales y agencias estadounidenses, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
La firma legal tendrá entre sus servicios desarrollar una estrategia para acercarse al gobierno estadounidense con miras a sacar a Muñoz Pedroza y otros afectados de la lista de sanciones económicas que el Ejecutivo de Trump ha impuesto contra funcionarios y entidades venezolanas afines a Maduro.
La administración Trump ha golpeado con sus medidas tanto a funcionarios como familiares y empresas relacionadas con el gobierno de Caracas, al que Washington califica de ilegítimo. Trump reconoce, en cambio, al líder opositor Juan Guaidócomo presidente interino de ese país.
Además de dos Ejecutivos, en Venezuela funciona de forma simultánea al Parlamento una Asamblea Nacional Constituyente, conformada por el oficialismo.
Guaidó designó en enero de 2019 al abogado José Ignacio Hernández como “procurador especial de la República”, con funciones similares a las de Muñoz Pedroza.
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