En un contexto global marcado por prácticas comerciales desleales la sobreproducción en países como China y Vietnam, México enfrenta una nueva embestida que pone en juego no solo su posición como principal proveedor de acero a Estados Unidos, sino también la estabilidad de miles de empleos y la soberanía de su industria nacional. Algunas empresas han aprovechado vacíos legales para inundar el mercado mexicano con acero de origen dudoso, introducido de forma irregular mediante mecanismos de triangulación, elusión de controles y manipulación arancelaria.
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Aunque las cifras oficiales reflejan una aparente caída en las importaciones formales desde estos países asiáticos, la realidad es que el acero de esa región sigue entrando disfrazado de registros incompletos o fraudulentos. Estas maniobras permiten ofrecer precios por debajo del mercado, desplazando a los productores nacionales que sí cumplen con las normas fiscales, ambientales y laborales que exige la ley mexicana. Se trata, en los hechos, de dumping disfrazado, que golpea el corazón de la planta productiva nacional mientras erosiona la capacidad del Estado para garantizar un piso parejo.
Consciente de que no es posible construir una nación fuerte sin una industria sólida, el gobierno federal, con la intervención de la Secretaría de Economía, decidió poner un alto a estos abusos. El pasado 5 de mayo, en una acción sin precedentes, se cancelaron más de mil registros de importación de molinos extranjeros, luego de que se detectaran graves irregularidades en al menos seis países. La investigación reveló la existencia de molinos fantasmas —principalmente en Malasia— que operaban como fachada para introducir productos ilegales al país. La medida, explicó el secretario Marcelo Ebrard, responde a denuncias sistemáticas de la propia industria siderúrgica, harta de competir en condiciones desiguales frente a la impunidad de las importaciones ilegales.
La reacción gubernamental no se limitó a esta acción. En un mensaje contundente, la Secretaría también ordenó el cierre temporal de dos plantas de la empresa estadounidense Morrison Products Inc., en Monterrey y Ciudad Juárez, luego de comprobar que, en apenas tres meses, habían introducido cerca de 400 mil toneladas de acero sin los registros exigidos por el programa IMMEX y bajo presunta subvaluación. A estas plantas se les retiraron también los beneficios de los programas de fomento a la exportación, dejando claro que no se permitirá que el territorio mexicano sea utilizado para prácticas que atentan contra su propia gente.
Porque detrás de estas cifras y tecnicismos hay vidas. La importación ilegal de acero no es un juego de cifras abstractas: afecta de manera directa a los trabajadores de los molinos nacionales, amenaza sus empleos, debilita la inversión y pone en riesgo el bienestar de miles de familias que dependen de un sector clave para la economía mexicana. Es un atentado no solo contra una industria, sino contra el derecho de México a tener un desarrollo propio y sustentable, sin estar a merced de mercados que, con tal de maximizar ganancias, destruyen industrias enteras en países en desarrollo.
Las medidas anunciadas son apenas el comienzo. El gobierno ha dejado claro que se aplicarán precios de referencia, se exigirán garantías para las importaciones y se cancelarán registros fraudulentos sin titubeos. México no puede ni debe tolerar la impunidad de quienes, desde fuera o desde dentro, buscan vulnerar su soberanía económica. Proteger la industria siderúrgica nacional no es solo una cuestión económica, es un acto de justicia social y un paso necesario para garantizar que el país no vuelva a ser rehén de intereses ajenos. La advertencia está hecha: quien quiera lucrar al margen de la ley, deberá enfrentar las consecuencias.
