México expresó su rechazo al informe preliminar de la OEA sobre la elección judicial del 1 de junio, al considerar que vulnera su soberanía e invade atribuciones
El gobierno mexicano expresó su desacuerdo con el contenido del informe preliminar emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la reciente elección judicial. A través de su Misión Permanente ante el organismo, México calificó como una intromisión indebida las observaciones formuladas por la misión de observación electoral y aseguró que estas exceden su mandato y vulneran principios básicos de soberanía.
En el documento de la OEA se señala que la participación ciudadana fue baja y que hubo intervención de partidos políticos que promovieron candidaturas mediante materiales conocidos como “acordeones”, factores que, a juicio del organismo, afectaron la legitimidad del proceso.
La OEA también manifestó su inquietud por el posible vínculo de dependencia de los jueces electos con el Poder Ejecutivo, sugiriendo que podrían carecer de autonomía. En consecuencia, hizo un llamado a otras naciones del continente a evitar la implementación de un modelo similar al mexicano.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante nota diplomática dirigida al secretario general interino de la OEA, Albert Ramdin, rechazó enfáticamente dichas recomendaciones. México consideró que la misión de observación sobrepasó sus funciones y actuó en contradicción con los principios establecidos en la Carta de la OEA.
“El informe incurre en una interpretación errónea del rol que le corresponde a una Misión de Observación Electoral, al emitir juicios que no le competen y pretender influir en decisiones soberanas”, advirtió la Cancillería mexicana.
México argumentó que, como lo reconoce el propio informe, la jornada electoral del 1 de junio se llevó a cabo con apego a las leyes constitucionales y electorales del país. Asimismo, recordó que el Artículo 3 (e) de la Carta de la OEA establece el derecho de cada Estado a decidir sin intervención externa sobre su estructura política y organizativa.
Finalmente, la SRE enfatizó que ninguna misión de observación está autorizada a imponer criterios sobre la conformación del poder judicial en naciones soberanas, reiterando su postura en favor del respeto mutuo entre Estados y del principio de no intervención.
