México trasladó a 26 reos a Estados Unidos al confirmar que continuaban operando redes criminales desde prisión, informó García Harfuch.
El gobierno mexicano trasladó a Estados Unidos a 26 personas privadas de la libertad, señaladas por mantener el control de operaciones delictivas desde cárceles del país. La medida, anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, forma parte de la estrategia nacional para frenar la extorsión y otros delitos.
García Harfuch informó que los internos, considerados de alto perfil criminal, aprovechaban las visitas para sostener comunicaciones con sus redes, lo que les permitía coordinar actos ilícitos, amenazar a funcionarios y ampliar sus estructuras de intimidación. “Estos delincuentes de alto perfil continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas (…) Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar funcionarios y extender redes de intimidación, lo que representaba un riesgo”, señaló.
El funcionario agregó que varios de los reos buscaban, a través de litigios, ser trasladados a penales con menor seguridad, situación que podría facilitar fugas o ampliar su radio de influencia criminal. “Habían litigios y recursos legales para buscar la liberación anticipada, lo que significaría un retroceso”, advirtió.
La operación incluyó la participación de 988 integrantes del Gabinete de Seguridad, 90 vehículos y 12 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Marina. Entre los trasladados figura Servando Gómez “La Tuta”. García Harfuch subrayó que la determinación se tomó exclusivamente en México: “Allá tienen un procedimiento abierto, el beneficio es para las víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en donde muchas veces desde prisiones siguen operando, ¿cuál es el beneficio?, que ya no lo hagan, que al sacarlos de nuestro país no van a poder seguir operando contra la sociedad mexicana”.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que no hubo negociación con el Departamento de Justicia estadounidense. Destacó que el traslado se apegó a la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución y la Convención de Palermo, con el objetivo de salvaguardar la soberanía y la seguridad pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida al afirmar que se trató de una decisión soberana y de seguridad nacional. “En todos estos casos, en los casos de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición”, dijo en conferencia. Aclaró que el operativo no guarda relación con acuerdos de cooperación en seguridad con Estados Unidos, sino con evaluaciones del Sistema Nacional de Inteligencia y del Consejo Nacional de Seguridad.
