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Migrantes a la deriva: Italia multará a ONG que crucen el Mediterráneo y brinden ayuda

Un barco con 121 migrantes lleva seis días esperando indicaciones para poder llegar a tierra firme

Las condiciones de pobreza, violencia y demás cosas que se viven en los países en vías de desarrollo, obligan a sus habitantes a migrar a los llamados países de primer mundo, lo cual hace que los gobiernos de éstos tomen medidas para detener a los migrantes, que cada vez son más numerosos.

El Gobierno italiano aprobó un cuestionado decreto antiinmigraciónque impone multas a las ONG que salvan vidas en el mar, impulsado por el ministro del Interior, Matteo Salvini, de cuya ratificación dependía la estabilidad y continuidad del Ejecutivo.

El decreto fue aprobado definitivamente en el Senado con 160 votos a favor, 57 en contra y 21 abstenciones, y hasta el último momento sobrevolaron los temores de que pudiera ser rechazado, lo que habría provocado la caída del Ejecutivo de la ultraderechista Liga Norte y del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

La norma, aprobada en la Cámara de los Diputados el pasado 25 de julio, entre otras cosas introduce multas (de hasta un millón de euros) en caso de entrar en aguas italianas a las ONG que salvan inmigrantes en el Mediterráneo central, a las que Salvini acusa de favorecer la inmigración clandestina.

La situación de los 121 migrantes a bordo del buque la organización no gubernamental Proactiva Open Arms, que se encuentra en aguas internacionales, próxima a la isla de Lampedusa, se complica tras las nuevas medidas adoptadas por Italia.

La embarcación se encuentra por sexto día a la espera de obtener la correspondiente autorización para poder desembarcar en algún puerto de Malta o de Italia.

Los 121 inmigrantes permanecen en el mediterráneo desde que fueron rescatados el jueves en la costa de Libia.

Resultado de imagen para Proactiva Open Arms

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) destacó que la decisión del Parlamento italiano llega precisamente cuando otros países europeos han suspendido las actividades de rescate de migrantes y refugiados en el mar.

“Con los cambios aprobados por el Parlamento, las penalidades a los barcos privados que rescaten a la gente y no respeten la prohibición de entrar a sus aguas territoriales se elevaron hasta un millón de euros, además de que las embarcaciones serán incautadas”,explicó Charlie Yaxley, portavoz en Ginebra de ACNUR.

Tras la negativa de Malta e Italia, la Comisión Europea, que ejerce de mediadora en estos casos, afirma no haber recibido hasta ahora ninguna petición para negociar la reubicación de los rescatados y acabar así con el bloqueo.

A su vez, la Comunidad Valenciana como Cataluña han ofrecido sus puertos, sin embargo, el Gobierno español y la ONG mantienen que son Italia y Malta los países que deben respetar la ley y permitir la entrada de la embarcación.

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