Los legisladores de Morena afirmaron que las trabas no las ha puesto el poder ejecutivo, sino el judicial, luego de cumplirse siete años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Al recordar el séptimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, los diputados de Morena reconocieron que existe una deuda con las familias porque no se ha podido esclarecer el caso, sin embargo, afirmaron que las trabas no las ha puesto el poder ejecutivo, sino el judicial.
El diputado Manuel Vásquez Arellano, sobreviviente del ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 2014, y quien también es conocido como Omar García, alias que utilizó en los últimos años por miedo a represalias, declaró:
“Los avances no son los que se esperaban, pero ¿cómo podrían ser en estas circunstancias?, el trabajo se está haciendo, las trabas no están en el poder ejecutivo, la voluntad política está ahí. Esta soberanía debe exhortar al poder judicial a que no ponga trabas, a que los jueces no tomen con los brazos abiertos a los que fueron expulsados de las fiscalías”, reclamó.
El legislador sostuvo que en lo que va de esta administración, las familias de los normalistas desaparecidos “tienen voz y voto como no se había visto”, y recordó que en enero de 2019 se creó la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa, en junio la Fiscalía Especial, y que los expertos pudieron regresar al país.
Pese a ellos, denunció que la Fiscalía General de la República no ha depurado a todos los funcionarios que participaron en la creación de la llamada “verdad histórica”.
“La fiscalía no depuró del todo a funcionarios que participaron en la verdad histórica porque resulta que tienen derechos laborales, además el caso se encuentra fragmentado en varios expedientes dispersos en varias entidades de la república, aunado a esto los responsables de encubrir los hechos han huido de México y se refugian en países con los que no hemos celebrado tratados de extradición, dificultando que estos criminales rindan cuentas ante la justicia mexicana”, detalló, y exhortó a la cancillería a acelerar el proceso para extraditar a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.
Al respecto, Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que “el largo brazo de la justicia en México y el largo brazo de la cuarta transformación habrá de llegar hasta allá (Israel) porque nosotros no vamos a permitir la impunidad”.
Agregó que en lo que va de este gobierno, se han realizado 53 acciones de búsqueda en 134 puntos distintos, y se han realizado 405 jornadas de búsqueda.
En contra, la diputada perredista Elizabeth Pérez Valdez dijo que es claro que el ejército participó en la desaparición de los estudiantes; “ese cuerpo armado que este gobierno está llenando de poder y de dinero”.
Julieta Mejía Ibáñez, de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “también le ha fallado a los familiares y a los hijos de los 43”, mientras que Marco Antonio Mendoza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistió en que la desaparición de los 43 estudiantes no puede ni debe quedar impune”.
Finalmente, el panista Javier González, reclamó que el hoy inquilino de Palacio Nacional usó el sufrimiento de las familias y de todo México como estandarte en campaña, “y hoy no da respuestas”, al tiempo que María Teresa Castell, también del partido albiazul, consideró que no es posible que a tres años de que AMLO llegó al poder, “no pueda decir dónde están los estudiantes.
“Tiene todo el poder, hay madres y padres esperando, qué necesitan para despertar y exigirle a este hombre por el que votaron que nos diga qué pasó con los muchachos, porque no basta con decir que la verdad histórica está mal, que fácil es hablar y no dar resultados”, concluyó.
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EDFM
