
Lorenza “N” fue detenida por la Fiscalía de Chiapas tras presuntamente pagar a un niño para matar a Lorenzo “N” en Zinacantán; caso sigue proceso judicial.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la detención de Lorenza “N”, señalada como presunta responsable de haber pagado a un menor para asesinar a su expareja, Lorenzo “N”, en el municipio de Zinacantán. Los hechos ocurrieron el 13 de julio en el barrio Bochojbó Centro, cuando la víctima se encontraba en su domicilio.
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De acuerdo con la investigación, Lorenza y el menor ingresaron a la vivienda con la intención de privar de la vida a Lorenzo, tras lo cual ambos huyeron del lugar. La Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ejecutó la orden de aprehensión contra la mujer, quien ya está a disposición del juez que definirá su situación legal.
Fuentes locales señalan que la víctima era un curandero tradicional conocido en la comunidad y que el presunto móvil del ataque podría estar relacionado con la ruptura sentimental y la posible nueva relación de su expareja, aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.
Sobre el menor implicado, aunque algunos medios aseguran que también fue detenido, la Fiscalía no ha emitido información oficial al respecto. Se espera que en los próximos días se esclarezca su situación jurídica y el grado de participación en el crimen.
En un comunicado, la Fiscalía reiteró su compromiso con la seguridad y la justicia en Chiapas, bajo el lema “Cero Impunidad”.
El marco legal para menores implicados en delitos en México
El sistema de justicia para adolescentes en México es distinto al de adultos, orientado a proteger sus derechos y fomentar su reinserción social, tomando en cuenta su edad y circunstancias.
- Los menores de 12 años no son sujetos de proceso penal; en su lugar, se les canaliza a instituciones de asistencia social.
- De 12 a 18 años, pueden ser sujetos a medidas socioeducativas, evitando penas privativas de libertad convencionales.
Este sistema se basa en principios como el interés superior del menor, confidencialidad, respeto al debido proceso y la prohibición de detención en centros para adultos. Además, no se puede divulgar la identidad ni antecedentes penales del menor.
Las etapas procesales incluyen: detención en flagrancia o con orden judicial, evaluación del Ministerio Público para determinar el procedimiento, aplicación de medidas cautelares, audiencias ante jueces especializados con enfoque restaurativo, y sanciones socioeducativas que pueden incluir trabajo comunitario, tratamiento psicológico, capacitación o internamiento temporal.
El objetivo central es la educación y prevención de la reincidencia, más que el castigo tradicional.
Con información de Excelsior