Fueron sancionados 13 proveedores que afectaron las operaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La Secretaría de la Función Pública impuso multas por más de 21 millones de pesos a 13 proveedores que afectaron las operaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En un comunicado, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval advirtió que “se acabaron los abusos en el ISSSTE. Si la corrupción es una enfermedad grave en cualquier institución, tratándose de una que está al servicio de los trabajadores del Estado, es un cáncer terminal”.
“Trabajamos para garantizar un buen servicio a las y los usuarios. La salud no puede ser un lujo, ni el sistema de protección social un privilegio”, dijo la titular de la Función Pública.
Así el Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE emitió resoluciones sancionatorias contra empresas que incurrieron en faltas, afectaron los servicios de la Institución, como el incumplimiento en la entrega de medicamentos y equipo médico, así como insumos de alta prioridad para la institución.
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Además afectaron la presentación de información falsa para participar en licitaciones.
Entre las sancionadas se encuentran las empresas de medicamentos e insumos médicos Psicofarma, S.A. de C.V., multada con 2 millones 310 mil 300 pesos; Andromedic, S.A. de C.V., con multa de un millón 800 mil 900 pesos; Grupo Comercial Refriclimas, S.A. de C.V., con 1 millón 901 mil pesos, y Corporativo Giormar de México, S.A. de C.V., con 1 millón 643 mil 400 pesos, a las que, además, la Función Pública inhabilitó, en cada caso, por un término de 45 meses.
Destacan, además, Servicios y Calidad Express, S.A. de C.V., multada con 1 millón 954 mil 800 pesos; Médica D, S.A. de C.V., con 1 millón 954 mil 800 pesos, y Drive Producciones, S.A. de C.V., con 1 millón 901 mil pesos, cada una de ellas inhabilitada también por un término de 45 meses, por afectar de distintas formas el derecho a la salud de la población derechohabiente.
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