El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó otorgar facilidades de pago a los juzgadores que resultaron sancionados durante el proceso electoral judicial, permitiéndoles liquidar sus multas en una sola exhibición o en pagos diferidos, dependiendo de su capacidad económica.
Estas sanciones, impuestas tanto por la aparición de nombres en guías de votación o “acordeones” como por irregularidades en los reportes financieros de campaña, podrán ser acumuladas y pagadas de forma flexible. Los sancionados también tendrán la opción de elegir el orden en que cubrirán cada multa, priorizando una u otra según lo consideren conveniente.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE se encargará de integrar todas las sanciones correspondientes a los casi 170 juzgadores multados, y notificará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que estos puedan acogerse a los beneficios fiscales aplicables. Al tratarse de sanciones económicas que deben ser enteradas a la Federación o, en ciertos casos, a tesorerías estatales, los involucrados podrán solicitar facilidades similares a las que el SAT otorga a contribuyentes mediante esquemas de créditos fiscales.
La decisión de permitir pagos escalonados responde a un análisis realizado por el INE sobre la capacidad de pago individual de cada candidato sancionado, ya que, durante el proceso electoral, estos financiamientos provinieron únicamente de recursos propios, sin respaldo público ni privado.
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Esto explica por qué los montos de las multas varían entre candidaturas, incluso para un mismo cargo. En el caso específico de los acordeones, la normativa establece que la sanción no puede superar el 10% del tope de gastos permitido para cada puesto.
Hasta el lunes pasado, las multas por uso de acordeones físicos ascendían a 6.3 millones de pesos, mientras que las irregularidades detectadas en informes de ingresos y egresos sumaban 10 millones para postulaciones federales y ocho millones en el ámbito local. En total, se aprobaron 121 multas por acordeones físicos y 118 por versiones digitales.
En el balance general del proceso judicial federal, el INE identificó más de 8,000 incidencias, lo que derivó en sanciones por 10.3 millones de pesos, incluyendo ocho millones relacionados con 9,547 irregularidades detectadas en materia de fiscalización. Entre las principales faltas se encuentran egresos sin comprobación, ingresos prohibidos, gastos no reportados y aportaciones indebidas.
