El gobierno de Nicaragua anunció que ha enviado al Vaticano a siete sacerdotes que, según la oposición, habían sido arrestados la semana pasada.
Este jueves, el gobierno de Nicaragua informó que ha enviado al Vaticano a siete sacerdotes que, según la oposición, fueron arrestados la semana pasada en una reciente ola de detenciones de clérigos de la Iglesia católica.
Según reportes del portal digital El Confidencial, que es crítico del gobierno de Ortega y se publica en Costa Rica, los sacerdotes “desterrados al Vaticano” son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero.
Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, los siete sacerdotes formaban parte de un grupo de 13 religiosos que fueron arrestados o puestos en prisión domiciliaria por la Policía nicaragüense hace una semana en Matagalpa, al norte del país.
No ha habido ningún informe sobre los otros sacerdotes detenidos, ni por parte del gobierno ni de la oposición.
Ortega y Murillo afirman que la Iglesia respaldó las protestas de 2018 contra el gobierno, las cuales dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que el gobierno de Managua considera un intento de golpe de Estado impulsado por Washington.
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Murillo ha descrito a los religiosos como “hijos del demonio” o “agentes del mal” que llevan a cabo “terrorismo espiritual”.
No obstante, el gobierno de Ortega no ha hecho referencia a las detenciones ni ha calificado la salida de los siete sacerdotes de Nicaragua como una expulsión.
El periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, exiliado en Estados Unidos, señaló en la red social X que “la Iglesia católica está siendo crucificada por la pareja dictadora”, refiriéndose a Ortega y Murillo. Además, criticó el silencio de los obispos y cardenales que aún permanecen en Nicaragua frente a estas nuevas expulsiones.
Hace una semana, un grupo de expertos de las Naciones Unidas denunció que el gobierno de Nicaragua ha estado llevando a cabo ataques “sistemáticos” contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas desde las protestas de 2018.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, ese grupo verificó “73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas”, aunque advirtió que “la cifra total podría ser mayor”. En enero, el gobierno de Ortega liberó a dos obispos católicos, entre ellos Rolando Álvarez, y a otros religiosos, y los envió a Roma.
