El secretario ejecutivo de la CIDH aseguró que la represión en Nicaragua ha entrado en una tercera fase, la que calificó como “represión burocrática”, en la cual se criminaliza a los manifestantes
Al cumplirse este jueves cien días de su crisis más sangrienta que había vivido Nicaragua desde los años 80, con Daniel Ortega también como presidente, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, denunció este viernes la existencia de una “tercera fase” de represión en el país centroamericano con un carácter “más crudo”, consistente en el uso de las instituciones para criminalizar a los manifestantes.
En una rueda de prensa en la sede de la CIDH, en Washington, Abrão explicó que en la “primera fase”, que duró hasta mediados de junio, hubo una “represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía directamente contra los manifestantes”.
La “segunda fase”, según Abrão, engloba la llamada “Operación Limpieza”, que puso en marcha el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con el objetivo de eliminar barricadas en feudos opositores, pero que se convirtió en ataques de paramilitares y policías contra la población civil.
“Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país”, aseguró Abrão, que ha detectado un “proceso de criminalización de los manifestantes” o “represión burocrática”, tras la reciente aprobación en el Parlamento nicaragüense de una ley antiterrorismo, que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las protestas pacíficas.
“Ha habido, agregó, un proceso de transformación de la represión más cruda, más explícita, un proceso de represión burocrática, utilizando la propia institucionalidad, el sistema de justicia para detener a las personas, promover acciones y procesos judiciales en su contra”.
En esa tercera etapa de represión, Abrão incluyó las denuncias de “secuestros” que ha recibido la CIDH sobre ciudadanos que son detenidos en sus casas y descubren que están siendo procesados penalmente cuando llegan a dependencias policiales
A pesar de esta evolución, Abrão precisó que aún no es posible identificar una “tendencia” y apuntó que la CIDH ha pedido al Estado nicaragüense copias de los expedientes judiciales que se están usando para procesar a los manifestantes para ver si se está usando la nueva ley antiterrorista.
Las protestas, que comenzaron el 18 de abril, han dejado 448 muertos, 2 mil 830 heridos y 595 desaparecidos, según cifras ofrecidas ayer por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
La CIDH reportó el miércoles la muerte de 295 personas, una cifra inferior a la de la ANPDH, porque la Comisión debe seguir una metodología diferente como organización internacional, dijo Abrão.
No obstante, apuntó que la cifra puede ser “más alta” y avanzó que la semana próxima la CIDH actualizará sus cifras con la publicación de un nuevo informe del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que apoya el diálogo nacional mediado por la Iglesia católica.
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