Una jueza negó en San Diego la petición de libertad bajo fianza a la exdiputada del estado de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, la “chapodiputada”, quien fue vinculada con Joaquín “el Chapo” Guzmán, por su intento de fuga a México después de ser detenida en la frontera entre ambos países el pasado 21 de junio.
Durante la audiencia, el gobierno estadounidense reveló que, una vez que fue detenida por autoridades federales en un cruce fronterizo de San Diego, después de que se le notificara que su visa había sido cancelada, la exlegisladora estatal intentó huir a Tijuana, Baja California.
Sánchez López quiso aprovechar un descuido de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) para correr hacia las escaleras eléctricas que conectan el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana, pero fue interceptada por oficiales federales antes de cruzar la frontera, precisó el fiscal Joshua Mellor al término de la sesión.
La jueza federal Barbara L. Major mostró su preocupación ante el hecho de que la exlegisladora, acusada de conspiración para distribuir cocaína, intentó evadir la justicia, factor que supuso que le negaran la libertad bajo fianza.
También se tomó en cuenta los “vínculos cercanos” con el Cártel del Pacífico y su líder, Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’ y el hecho de que tiene cargos pendientes en México. Por ende consideró que hay “causa probable” para creer que pudo haber cometido un crimen, por lo que optó por no brindarle el beneficio de la libertad.
Cabizbaja y en ocasiones sollozando, Sánchez López se limitó a escuchar las indicaciones y a aceptar la fecha para su siguiente audiencia que será el 20 de julio, donde se determinará si un gran jurado le fincará cargos y si su información financiera debe hacerse pública.
La defensa solicitó de nuevo mantener confidencial la información financiera de la exdiputada y la jueza accedió, a pesar de la apelación del Gobierno estadunidense, que calificó la petición de algo “poco común”.
La fiscalía dice tener evidencia de que la exdiputada tiene acceso a “cientos de miles de dólares”, pues, presuntamente, facilitaba actividades de lavado de dinero y distribución de drogas para el cártel mexicano.
