El personal médico no quiso permitir el aborto de la niña, a pesar de que sus padres presentaron un oficio del Ministerio Público
Personal del Hospital Raymundo Abarca de Chilpancingo, Guerrero, se negó a practicarle un aborto a una niña de 10 años, pese a contar con un oficio del Ministerio Público que avalaba la interrupción del embarazo de la menor, denunciaron familiares.
Fue el 14 de febrero cuando la familia de la niña de 10 años denunció al personal médico por negarse a interrumpir el embarazo de la menor.
El oficio del Ministerio Público instruía a la institución de salud a realizar el aborto, siempre y cuando no haya riesgos.
Pero familiares de la niña denunciaron que al llegar al hospital el personal de salud les solicitó firmar un documento para que se comprometieran a llevarla al centro de salud de su comunidad para dar seguimiento a su embarazo y que continuara con el mismo.
Además, les indicaron que regresaran en 8 meses al Hospital de Chilpancingo, en Guerrero para que la niña fuese valorada.
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Actualmente, la niña está en el límite de las 12 semanas de embarazo, es decir, el máximo para considerar la interrupción legal.
En el caso intervino la Secretaria de Salud que indicó a través de un comunicado que tras realizar los estudios clínicos de laboratorio y de imagenología a la menor, se concluyó que presenta embarazo avanzado.
“A la paciente junto a su tía se le brindó información objetiva, veraz y eficiente sobre los riesgos que conllevaría la interrupción del embarazo . La menor junto a su tía tomó la decisión de no continuar con el procedimiento y se retiraron el mismo día 14 de febrero del presente año”, explicó la Secretaría de Salud.
Posteriormente, el miércoles 16 de febrero nuevamente se recibió a la menor en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, para una nueva valoración.
La menor fue abusada sexualmente por un primo, por lo que la interrupción de su embarazo era legal, en este sentido se violentaron sus derechos al negarle un aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Aceptan el aborto
La diputada Julieta Fernández Márquez, esposa del senador Manuel Añorve Baños, aseguró que en Guerrero las niñas indígenas “empiezan su vida sexual y reproductiva a los 10 años y que definitivamente por causa de violación o por causa de que así acostumbran en usos y costumbres, a casarse a muy temprana edad o a juntarse a muy temprana edad”.
En una sesión este miércoles, el Congreso de Guerrero discutió el caso de una niña me’phaa de 10 años de edad, originaria de Acatepec, embarazada que junto su familia y un equipo jurídico solicitó acceso a la interrupción legal del embarazo e incluso obtuvo una orden del Ministerio Público, para que se le practicara el procedimiento debido a los riesgos que representa.
Sin embargo, personal de médico del Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón” le negó atención a menor, en contra de lo establecido en el actual Código Penal de Guerrero.
Durante la discusión de los legisladores, la diputada de Morena, Gloria Citlalli Calixto Jiménez, una de las promotoras de la despenalización del aborto en la entidad, condenó la negligencia institucional en perjuicio de la menor.
En respuesta, Julieta Fernández declaró: “Yo pediría que no se politice el asunto de una niña de 10 años (…) No hay que politizar los temas, hay que estudiar los casos concretos, la situación médica, la situación socioeconómica, la situación por la que está pasando”.
“No sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió a esta niña, pero creo que esta historia es desgraciadamente el caso de muchas otras niñas que empiezan su vida sexual y reproductiva a los 10 años y que definitivamente por causa de violación o por causa de que así acostumbran en usos y costumbres, a casarse a muy temprana edad o a juntarse a muy temprana edad, y que tienen más de 7 hijos por mujer”, añadió.
Julieta Fernández, quien es abiertamente provida y está en contra de la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Morena para reformar el Código Penal en materia de aborto, consideró que se tiene que “evitar embarazos a través de una política de prevención del embarazo y también de educación sexual y reproductiva, es muy importante que las niñas puedan espaciar el número de hijos y que puedan tener menos hijos, y esto pues solamente se consigue con educación sexual y reproductiva”.
La Secretaría de Salud Estatal informó en un comunicado que el 14 de febrero, estudios hechos a la menor arrojaron que tenía “embarazo avanzado”, por lo que le indicó a ella y su tía los riesgos que implicaría la interrupción de la gestación, de manera “objetiva, veraz y eficiente”. Ese día, decidieron no continuar con el procedimiento.
Este miércoles, la menor acudió al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, donde finalmente procederá la interrupción de su embarazo. Según las autoridades, la familia recibió atención de un equipo de salud multidisciplinario; también recibió alimentación y albergue.
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CAB
