El gobierno de Daniel Ortega determinó la cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús y la confiscación de todos sus bienes en el país.
Este golpe contra la orden religiosa se da luego de que, hace unos días, el gobierno de Nicaragua incautara la UCA, considerada la principal institución privada de educación superior en el país.
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Nicaragua anunció el miércoles la cancelación de la personalidad jurídica de los jesuitas y la confiscación de todos sus bienes en el país, en la más reciente de una serie de medidas vistas por el liderazgo de la orden religiosa como un intento del Gobierno por “asfixiar” a la Iglesia católica en esa nación.
En un acuerdo publicado en la gaceta oficial, el Ministerio de Gobernación argumentó que la Compañía de Jesús no ha presentado sus estados financieros de los últimos tres años y su junta directiva está “vencida” desde marzo del 2020, lo que significa violaciones a la ley y falta de transparencia en sus operaciones.
Además se instruye a la fiscalía general que traspase todos los bienes muebles e inmuebles de los jesuitas a nombre del Estado.
No estaba claro de inmediato las repercusiones que el acuerdo tendría sobre los jesuitas en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega no respondió a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que representa a los jesuitas en la región, dijo que no se le dio oportunidad a la orden en Nicaragua a la “legítima defensa” y que no existe una autoridad imparcial que frene lo que llamó “abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”.
Esta nueva agresión (está) enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática”, dijo en un comunicado. “Confirma que todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario”, subrayó.
El nuevo golpe contra de los jesuitas por parte del gobierno del sandinista Ortega, en el poder desde 2007, sigue a la incautación a mediados de agosto de bienes de la UCA, la universidad los jesuitas en el país, incluyendo instalaciones y cuentas bancarias, alegando que la institución ha funcionado como un “centro de terrorismo”.
La UCA era la principal institución privada de educación superior en Nicaragua y alma máter de muchos líderes juveniles que encabezaron protestas contra el Gobierno en 2018 que dejaron más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
Estados Unidos condenó la confiscación de bienes de la UCA como una “continua represión de figuras e instituciones religiosas” por parte del gobierno nicaragüense y dijo que representa una mayor erosión de las normas democráticas en el país centroamericano.
Además, el superior general de los jesuitas a nivel mundial, el sacerdote Arturo Sosa, dijo que el cierre de la universidad era parte de un intento gubernamental por “asfixiar” a la Iglesia católica y a las instituciones cívicas del país centroamericano.
El gobierno de Ortega, cuya reelección en 2021 para un cuarto periodo consecutivo en el poder fue condenada internacionalmente por ser vista como un atentado a la democracia, volteó la vista de los jesuitas después de que criticaran la forma en el que el mandatario reprimió la protesta social en 2018.
Desde entonces, el presidente inició una campaña en contra de los religiosos, que se ha intensificado este año pese a la mediación que hicieron entre los líderes de las protestas y su administración.
Hasta ahora el Gobierno mantiene en prisión a cuatro sacerdotes y al obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico de Ortega y uno de los religiosos más influyentes de la iglesia católica nicaragüense.
