La Corte inició la discusión sobre la propuesta de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila, establecida aún para casos de violación
Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron este lunes por declarar inconstitucional la criminalización del aborto.
El proyecto, derivado de una impugnación que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, pretende declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.
La decisión del Supremo sólo invalidaría el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero si ocho de los 11 ministros del pleno votan por el proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.
Debido a la reforma judicial y por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, la sentencia tendrá efectos generales en todos las entidades, acabando con ello con la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial.
Los ministros se pronunciaron a favor del proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales, mismos que solicitaron extender la inconstitucionalidad a otros artículos de dicho código, entre otros puntos.
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, se pronunció sobre el aborto y pidió reconocer “de una vez por todas” el derecho fundamental a la interrupción del embarazo.
Tras presentar el proyecto y los argumentos, los ministros de la Suprema Corte levantaron la sesión de este lunes, por lo que seguirá la discusión este el martes, donde se espera que se vote la acción de inconstitucionalidad
La sesión se reanudará mañana y los ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Ríos-Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo podrán exponer sus motivos sobre este tema, ya que son los únicos que hoy no pudieron participar.
Esta tarde, grupos conservadores mexicanos protestan con rezos afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes debate un histórico proyecto que considera inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa del embarazo.
Asimismo, grupos religiosos y activistas provida impulsan en redes sociales los Hashtag #CorteAbortoNo, #SCJN y #MexicoEsProvida como forma de protesta ante la revisión al proyecto de despenalización del aborto que comenzó este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta protesta en redes se suma al cierre simbólico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los grupos antiabortistas realizaron el domingo 5 de septiembre.
Actualmente, el aborto está despenalizado en cuatro de los 32 estados de México: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
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Este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá tres asuntos centrales sobre el aborto y las posibilidades de las entidades federativas para regularlo (o prohibirlo).
Sobre el aborto en Coahuila, el ministro Luis María Aguilar propone declarar inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo.
En su proyecto argumenta: “la invalidez del tipo penal radica en incluir en su formulación abstracta todos los supuestos temporales en que puede acontecer la interrupción del embarazo con origen en una decisión voluntaria de la mujer; comprendiendo con tal regulación tanto la interrupción temprana como aquella que podría acontecer en cualquier otro momento del proceso de gestación. El artículo 196 resulta entonces de una naturaleza absoluta, al no brindar ningún margen para el ejercicio del derecho humano a elegir la vida reproductiva que, con los matices destacados en esta sentencia, asiste a las mujeres en el supuesto de concebir”.
Sobre el aborto en Sinaloa, el ministro Alfredo Gutiérrez propone erradicar la prohibición absoluta que hicieron los legisladores locales al declarar la protección de la vida “desde que un individuo es concebido”.
El ministro concluye que los estados “no pueden pretextar la existencia de cláusulas de protección a la vida desde la concepción para negar a las personas toda clase de servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva en el ámbito de competencia estatal, ni para adoptar legislación que endurezca las normas sobre interrupción legal del embarazo”.
El ministro Luis María Aguilar propone desechar la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra la norma que regula la objeción de conciencia a nivel federal, mediante la Ley general de Salud.
La norma establece el derecho de personal del sector salud a la objeción de conciencia, que es la negativa a realizar actos o servicios cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales.
La propia ley indica que el sector salud debe hacer todo lo posible para que los hospitales tengan personal suficiente para realizar todas las tareas.
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CAB
