La impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista, sino que favorece la repetición de los delitos, denuncia la ONU
La ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron al Gobierno mexicano “el pleno esclarecimiento de las agresiones” contra la periodista Lydia Cacho, torturada en 2005.
Ante el reciente amparo que recibió el empresario José Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista, las agencias de la ONU “recuerdan la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos”.
La impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista y a sus familiares, (sino que) favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, denunció la ONU.
Las agencias de Naciones Unidas señalaron que México debe cumplir con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que el Estado mexicano violó el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación.
Esto, añadió, fue en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales, y el respeto a la libertad de expresión.
Indicaron que la obligación de las autoridades de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México debe incluir la investigación y sanción de acuerdo con los principios de debida diligencia de los actos que pretendan coartar estos derechos.
“La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo”, manifestó la ONU.
De esta manera, ONU Mujeres y la ONU-DH refrendaron su disposición de seguir brindando su asesoría y cooperación a las instituciones del Estado mexicano, incluidas las instituciones judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar.
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El pronunciamiento se publica después de que Artículo 19 denunció el martes que un tribunal en Quintana Roo exoneró a Nacif tras otorgarle un amparo que lo libera de toda responsabilidad del caso de Cacho.
La periodista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad Nacif, empresario de la industria textil.
Nacif era uno de los principales señalados en el libro “Los Demonios del Edén” en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
Cuestionado por el tema, López Obrador comentó en su rueda de prensa matutina que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) revisar la exoneración de Nacif porque “debe de haber otras instancias”. Sin embargo, lo atribuyó a los problemas que existen en el Poder Judicial.
“Es necesaria una reforma, urge una reforma al Poder Judicial”, argumentó este jueves
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CAB
