Las personas con discapacidad, al contar con mayores dificultades para tener cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito, quedan confinadas al pago en efectivo
El que Uber y empresas similares nieguen a sus usuarios poder pagar en efectivo, viola los derechos de independencia y accesibilidad de las personas con discapacidad, señaló la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Catalina Devandas.
Hace no mucho Uber y otras compañías se colocaron en el ojo del huracán luego de que el 1 de noviembre pasado anunciaran que sus choferes ya aceptarían pagos “en cash” por parte de los usuarios.
Sin embargo, el cambio en el modo de pago fue prohibido por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, quien señaló que de acuerdo a la legislación local, existe una distinción clara entre los taxis y los servicios de chofer mediante aplicaciones móviles: los primeros cobran con efectivo y los segundos con transferencias electrónicas.
En caso de no hacer caso a la prohibición, el gobierno capitalino dijo que sería el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) quien podría establecer los “procesos administrativos y operativos que considere necesarios” para garantizar el apego a la ley local.
La prohibición ha caído mal entre organismos defensores de derechos humanos, especialmente en la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ha llamado a permitir el pago con efectivo para proteger los derechos de personas con discapacidad.
El organismo internacional aseguró que la prohibición tiene un “impacto desproporcionado” en personas con movilidad restringida —como quienes usan sillas de ruedas— o con alguna discapacidad cognitiva —algún síndrome o condición mental—, pues las personas con discapacidad sufren una mayor exclusión financiera, lo que choca con su derecho a vivir en forma independiente
“En los hechos, la dificultad de acceder al sistema financiero supone una discriminación contra las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, al contar con mayores dificultades para tener cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito, quedan confinadas al pago en efectivo para acceder a cualquier servicio público o privado”, señaló la ONU en un mandato enviado al gobierno de México.
Como respuesta, la recomendación de la ONU, apoyado por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos ha emitido una recomendación en la que exigen que estados y empresas privadas se ajusten a lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en donde se establece que se debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad a tener acceso pleno al entorno físico y al transporte, en su artículo nueve.
En México, alrededor del 56 por ciento de las personas en carecen de acceso a los servicios financieros. No existen datos precisos sobre la exclusión financiera de las personas con discapacidad, pero se cree que es muy superior a la media nacional.
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