De los detenidos solo uno podrá abandonar la prisión ya que, hasta el momento, no pesan sobre él otras acusaciones por parte de la PGR, como sí sucede en los otros tres casos
Un juez ordenó la libertad de cuatro detenidos por el Caso Iguala que fueron relacionados con el cártel de los Guerreros Unidos, sin embargo, solamente uno podrá abandonar la prisión pues no tiene otras imputaciones en su contra.
Fue el titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas quien ordenó la liberación de Marco Antonio Ríos, “El Cuasi”; de Martín Alejandro Macedo Barrera, “El Becerro”; de Luis Alberto José Gaspar, “El Tongo”, y de Honorio Antúnez Osorio, “El Patachín”, por falta de elementos probatorios para un juicio en su contra.
De ellos, solo “El Tongo” podrá abandonar la prisión ya que, hasta el momento, no pesan sobre él otras acusaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), como sí sucede en los otros tres casos.
Apenas el pasado 4 de junio, un Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala y reponer el procedimiento a otros acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras presumir que éstos fueron torturados por la PGR.
Y es que, por unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández, Juan Antonio Trejo y Héctor Gálvez ampararon a los quejosos para reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
Los beneficiados con el amparo concedido por la justicia federal son María de los Ángeles Pineda Villa, Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, Salvador Reza Jacobo, Gildardo López Astudillo y Miguel Ángel Landa Bahena, para que se les reponga el procedimiento iniciado en su contra.
Lo anterior luego de que los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito determinaran que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.
Con información de Excélsior
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