El expresidente de Ecuador está presuntamente implicado en un caso que investiga el intento de secuestro, en 2012 en Colombia de un ex asambleísta; remitiendo a Interpol un pedido para extraditarlo desde Bélgica
La jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Daniella Camacho, ordenó este martes prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, en la investigación que se le sigue por su presunta implicación en el caso del secuestro del ex asambleísta Fernando Balda.
Además, dispuso la difusión roja para que Interpol lo localice y lo aprehenda con fines de extradición.
La orden fue solicitada por el fiscal General Paúl Pérez y la defensa de Balda, una vez que el exmandatario no acudiera este lunes a la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito, capital de Ecuador a iniciar su ciclo de presentaciones quincenales, como indicaba la medida cautelar de Camacho establecida el 18 de junio.
En su lugar, Correa se presentó en la sede del Consulado de Ecuador en Bélgica, país donde reside desde el año pasado. Aseguró que lo amparan la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Constitución y leyes de la República de Ecuador.
El exmandatario dijo este martes, en su cuenta en Twitter, que lo han vinculado al caso “sin ninguna prueba” en su contra. Además, catalogó de “imposible de cumplir” la medida cautelar que le había puesto la jueza.
El secuestro de Balda ocurrió en 2012, en Bogotá, Colombia, un rapto que fue frustrado rápidamente por la policía, tras una llamada de un taxista, según informó la Fiscalía colombiana, luego de la investigación de los hechos.
El propio Balda, en sus testimonios ante la Justicia ecuatoriana, ha dicho que los secuestradores eran integrantes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que respondían a órdenes de Correa; pero otra versión señala que eran oficiales de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Ecuador (DGI); de hecho, el principal implicado es Luis Raúl Chicaiza, miembro activo de la DGI al momento del rapto.
Chicaiza, en proceso judicial en Ecuador, ha dicho que habló dos veces con el exmandatario sobre el secuestro. Sin embargo, su abogado reveló, en entrevista periodística, que “no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa”.
Correa brindó una primera versión de este caso el pasado 24 de mayo, de manera libre y sin juramento desde el consulado de Ecuador en Bélgica.
El exmandatario ha denunciado que en este proceso están mezclando elementos de ese secuestro con el proceso de deportación, que se realizó posteriormente contra Balda, quien había recibido una condena de dos años de prisión por el delito común de injuria no calumniosa grave.
ATENCIÓN | Jueza Daniella Camacho acoge el pedido de Fiscalía, ordena la prisión preventiva en contra del expresidente Rafael C. por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro. Remitirá oficio a Interpol para la captura con fines de extradición. pic.twitter.com/GIUrXHCPhe
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 3 de julio de 2018
Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc.
¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional?
No se preocupen, todo es cuestión de tiempo.
¡Venceremos! https://t.co/zjjp67gl4D— Rafael Correa (@MashiRafael) 3 de julio de 2018
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