Luego de que una de las testigos de la matanza ocurrida el 30 de junio 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, presentara un amparo para que se investigue a los mandos militares a cargo del operativo que derivó en la muerte de 22 civiles, un Juzgado Federal de la Ciudad de México concedió la medida para que se amplíen la indagatorias.
De esa forma, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá reabrir el expediente para ejecutar las diligencias necesarias, poniendo especial énfasis en el actuar de los mandos castrenses, de quienes se ha señalado, habrían dado la orden de ejecutar a todos.
Mario Cruz Díaz, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal y encargado del despacho por vacaciones del titular, resolvió que la fiscalía debe allegarse de mayores elementos probatorios a fin de realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos.
En la resolución, el juzgado federal señaló que “se ha acreditado que la autoridad ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos motivo de la denuncia realizada y que dieron origen a la indagatoria, con lo cual se han vulnerado los derechos fundamentales consagrados a favor de la víctima”.
Además se destaca que “se tiene acreditado la omisión de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares”.
