Luego de que el gobierno de El Salvador anunciara la decisión de realizar juicios colectivos a pandilleros, organizaciones de derechos humanos expresaron su desacuerdo
La decisión de implementar juicios colectivos a pandilleros en El Salvador fue criticada por organizaciones no gubernamentales; sin embargo, parte de la población y los simpatizantes de Bukele respaldan la medida.
La implementación de juicios colectivos en El Salvador fue rechazada por organismos de derechos humanos y jueces, que afirman que es una medida populista para favorecer la reelección del presidente Nayib Bukele.
La norma aprobada el miércoles por el Congreso, en virtud del régimen de excepción en vigor desde marzo de 2022, conducirá a que unos 900 reos enfrenten un mismo juicio, lo que implica una “violación de los derechos a la defensa”, según Amnistía Internacional (AI).
“Transcurrido más de un año (del régimen de excepción), hemos constatado cómo las reformas legales asociadas a esta medida represiva han tenido como objetivo la erosión de las garantías elementales del proceso penal”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Casi 72 mil presuntos pandilleros están presos en El Salvador en virtud del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Además, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 pandilleros, considerada la prisión “más grande de América”, con un duro régimen de reclusión que también es denunciado por grupos de derechos humanos.
“Seguir adelante con juicios colectivos en las siguientes etapas del proceso penal constituye un continuum de violación de los derechos a la defensa, un juicio justo y la presunción de inocencia, derechos que han sido flagrantemente vulnerados” por Bukele, dijo Guevara Rosas.
medida fue rechazada por el juez Antonio Durán, un crítico del régimen de excepción, quien afirmó que busca “tener condenas masivas y rápidas”.
“Todo esto es parte de la campaña por la reelección, que es inconstitucional”, declaró el juez.
Aludía a que la Constitución salvadoreña no permite la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, en un polémico fallo, dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato en las urnas, en febrero de 2024. Los juicios colectivos fueron aprobados seis meses antes de los comicios, mientras Bukele goza de alta popularidad por su “guerra” contra las pandillas, que elevó los niveles de seguridad en el país.
“Esto de los juicios masivos contradice un principio que es el principio de responsabilidad, la responsabilidad es individual”, indicó el juez Durán.
El partido de la antigua guerrilla izquierdista (FMLN), que votó contra el decreto, expresó que éste implica una “clara violación de derechos”.
“No se puede meter en un juicio masivo a personas a las que se ha detenido sin ninguna razón más que por ser sospechas, junto a otras que quizás sí han infringido la ley”, dijo el jefe de bancada del FMLN, Jaime Guevara.
Sin embargo, el sociólogo René Martínez opinó que la medida es beneficiosa.
“Lo más importante es el beneficio a la población y eso buscan las medidas y por eso la gente las apoya”, indicó el académico de la Universidad de El Salvador.
Para la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con estos juicios será “imposible” garantizar “un juicio justo y un derecho a la defensa”.
“Esto nos hace preguntarnos si la posición y la política del gobierno es que se tiene que perseguir a las pandillas, la criminalidad organizada, dando muerte al Estado de Derecho y la democracia”, señaló Marcela Martino, directora adjunta para Centroamérica y México de CEJIL.
El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, atribuyó a motivos electorales este decreto aprobado con los votos del oficialismo, que controla el Congreso. La medida “obedece a una situación electorera que como ya nos acercamos a las elecciones, va dirigida a convencer a los que están dudando del gobierno”, indicó Montenegro.
El decreto establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden estar hasta 24 meses presos sin ser llevados a juicio o liberados. La ONG Cristosal señaló que el decreto busca resolver “una serie de procesos que carecen de fuerza y solidez probatoria”.
Y Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen, dijo que la norma “vulnera los derechos de aquellos que no tienen nada que ver con las pandillas, pues serán juzgados por igual”.
Las encuestas muestran que nueve de cada diez salvadoreños apoyan la gestión de Bukele, pero parece no haber tal consenso sobre los juicios colectivos. Para el obrero Virgilio Gutiérrez el decreto “está bien”.
“Así como lo querían hacer (juzgar de manera) individual, no me parece, no es correcto, (demoraría) mucho tiempo”, indicó Gutiérrez
Pero el vendedor de lotería Juan Mejía no apoya estos juicios, porque “la ley dice que hay que individualizarlos” a los detenidos antes de condenarlos.
