El fundador del cártel de Guadalajara está siendo acusado por el gobierno de Estados Unidos del secuestro y homicidio del agente Enrique ‘Kiki’ Camarena
Un juez federal concedió al capo Rafael Caro Quintero, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos que le fue ejecutada en julio al ser detenido en la comunidad de San Simón, municipio de Choix, Sinaloa.
Apenas la semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión de plano que impide el traslado del fundador del Cártel de Guadalajara y conocido “Narco de Narcos” a los Estados Unidos, país que lo requiere por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
La FGR interpuso un recurso de queja y expresó agravios contra la convalidación de la suspensión de plano, que realizó una juez de Distrito de amparo del Estado de México.
Esto, luego que le fuera turnado el juicio de amparo promovido por el “Narco de Narcos” ante un juzgador de Jalisco que le otorgó la suspensión de plano contra su traslado a los Estados Unidos sin pasar por el proceso de extradición.
La resolución decretada este martes por el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), y si así ocurre le corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica el fallo.
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El llamado ‘capo de capos’, Rafael Caro Quintero, será representado por un defensor público federal, en lugar de un abogado particular, en su juicio de extradición a Estados Unidos.
Según los registros judiciales, Caro Quintero aceptó ser representado por el abogado que le asignó la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública para que lleve su caso.
Dentro del archivo, se especifica que “el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública delegación Estado de México, designa como defensor público del quejoso … a …, señalando domicilio donde puede ser localizado dicho defensor”.
Al mismo tiempo, el “Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, acepta y protesta el cargo conferido”.
Esta medida es necesaria después de que a mediados de julio un juez federal frenara su extradición a Estados Unidos, declarando que debía haber un juicio de por medio.
Esta medida fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el caso fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para que se ratifique, modifique o revoque la sentencia.
El fundador del cártel de Guadalajara está siendo acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser responsable del secuestro y homicidio del agente de la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés), Enrique ‘Kiki’ Camarena, en febrero de 1985.
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