AMLO reveló que también la Secretaría de Gobernación podría asumir el papel de titular de la obra mientras se termina de construir
El titular del juzgado primero de Distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, una segunda suspensión definitiva en contra de las obras del tramo cinco del Tren Maya.
En la solicitud, presentada el 5 de abril pasado, la organización impugnó los “permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades! en el tramo cinco del Tran Maya, el cual comprende el tramo que abarca de Cancún a Tulum Norte, en el estado de Quintana Roo.
Sin embargo, le negó a la asociación las medida cautelares contra la omisión de las autoridades de gestionar y solicitar los permisos relacionados con los ordenamientos ambientales y de planificación territorial, los cuales son adicionales a la autorización provisional contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG-05891-21.
El juez determinó que será este viernes 5 de agosto cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional en la que resolverá el fondo del caso, para determinar si le concede el amparo a la asociación civil.
A la par, se tiene contemplado que este mismo lunes el mismo juez Novelo Pérez resuelva si el gobierno federal violó o no la suspensión definitiva que dio a habitantes del municipio de Solidaridad (Cancún), Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo cinco, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Mientras está en obra y para enfrentar las campañas en contra de su construcción, la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación asumirán el mando y la responsabilidad del Tren Maya, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, reiteró que este proyecto es considerado de seguridad nacional, lo cual se hará conocimiento del Poder Judicial, por lo que tiene que seguir adelante y, a la par, se irán resolviendo las cuestiones legales que, aseguró, son promovidas por un juez cercano a los opositores a su gobierno.
“Sí, sí, sí. Yo creo que la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación. Hay que verlo, es un asunto de seguridad nacional y ya fue lo que hicimos en el aeropuerto y el juez, pues tiene que resolver, lo que está pendiente, esto es otro asunto, lo que está pendiente que ya lleva mucho tiempo”, añadió.
¿Toda la obra queda a nombre de Presidencia? “Toda la obra, sí, en tanto se construye, porque lo que hay es una campaña para parar la construcción; tenemos, fíjense todas las anuencias de los predios, todas, de los propietarios, ejidatarios o pequeños propietarios. Estos son grupos de la llamada sociedad civil, financiados por esta organización de Claudio X., y también por asociaciones del extranjero”, puntualizó.
Respecto a la admisión de un amparo que busca frenar obras y trámites de autorización provisional para los tramos 6 y 7 de la obra, el mandatario aseguró que no procede, porque el mismo decreto de seguridad nacional los protege para seguir trabajando.
Consideró que la participación, aunque sea con recursos, por parte del extranjero para financiar a las organizaciones que se oponen al Tren Maya son una violación flagrante a la soberanía nacional y “una actitud injerencista” que no se puede permitir.
“Estos asuntos ya llevan tiempo y ahora que viene lo de los amparos y los jueces, como decíamos antes cuando coleccionábamos las estampitas: ‘esta ya la tengo’, es lo mismo. Esta película ya la vi”, apuntó.
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CAB
