Los padres y las madres de los 43 normalistas condenaron la filtración de información que la Secretaría de Gobernación hizo este viernes
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 consideraron que la difusión de la información del caso es “riesgosa”, puesto que puede comprometer la investigación que se realiza actualmente.
Este viernes, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió mensajes relacionados con la desaparición de los normalistas que habrían sido enviados entre policías municipales de Guerrero y hombres que pertenecerían a grupos criminales, entre ellos Guerreros Unidos.
En respuesta, el comité de los familiares de los estudiantes denunciaron que ellos no tuvieron acceso a los documentos previo a su publicación, y tampoco se les consultó sobre su difusión a los padres y madres que forman parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ).
“A las madres y padres de familia nos preocupa la publicación de información sensible de la investigación que puede comprometer su éxito, aunado a que ni a los familiares ni los representantes se les permitió el acceder a la misma previo a su publicación y tampoco a las cinco madres y padres que conforman la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) se les consultó sobre tal proceder”, compartieron en un comunicado por medio de Facebook
Asimismo, los parientes solicitaron al Gobierno federal esclarecer los hechos de manera que haya verdad y justicia, puesto que la entrega de “retazos” de información los lastima y revictimiza.
Además, los familiares destacaron que el Ejército omitió dar información en tiempo real o tomar medidas que pudieron haber auxiliado para prevenir la desaparición de los jóvenes, y desde el 2018 la corporación no entregó los datos a las autoridades correspondientes pese a que se indicaron las obligaciones que tenía en el decreto presidencial que creó la CoVAJ.
“Estas circunstancias fortalecen nuestra demanda de abrir una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano para deslindar su responsabilidad directa o indirecta en la desaparición de nuestros hijos”, recalcaron los familiares, quienes recordaron que se mantienen en “pie de lucha” y exigen la presentación de sus hijos con vida.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expuso el mismo viernes que “es riesgoso” que se difunda información sobre los documentos ligados al caso Ayotzinapa.
“Es riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma. Como integrantes de la #COVAJ no participamos de la decisión de publicar así los documentos”, detalló el CentroProdh en un hilo de Twitter
Además, señaló que como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) no participan de la decisión “de publicar así los documentos”.
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“Dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder. Ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas”, agregó
El organismo defensor de derechos humanos expuso que los documentos abren líneas de investigación, incluso sobre perpetradores y paradero, que aún deben agotarse.
En tanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazó “enfáticamente” la publicación de los reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), relacionados con conversaciones entre autoridades municipales y líderes de Guerreros Unidos sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, en Iguala, Guerrero.
En una comunicación dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), expuso que lo difundido este viernes se trata de “información reservada que desde GIEI se ha solicitado a entidades estatales a través de COVAJ para ser presentada en la investigación penal”, informó La Jornada.
Angela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI, expresaron su rechazo “a continuar por este camino que expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”.
Subrayaron que si bien comprenden la importancia de la transparencia y el acceso a la información, “ustedes como nosotros conocen que se trata de información reservada, ya que se encuentra dentro de una investigación penal”.
En el texto también lamentaron que se les haya comunicado la decisión de publicar los reportes ya que los hechos estaban consumados. “Como miembros de COVAJ habríamos esperado ser consultados”.
En este sentido, indicaron que “dado que ésta ha sido una decisión inconsultada y ante la posibilidad de que esta conducta se reitere hacemos pública esta comunicación, solicitando que no se repita en el futuro”.
El Gobierno de México hizo público este viernes dos folios de conversaciones por mensaje de texto de presuntos responsables del caso Ayotzinapa, en los que varios funcionarios y personas implicadas conversan sobre la detención de varios estudiantes.
De acuerdo con documentos compartidos el viernes por la tarde por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, las conversaciones se registraron el 26 de septiembre de 2014, previo a que se hiciera pública la desaparición de 43 normalistas, caso que a siete años sigue impune.
La difusión estuvo a cargo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa y corresponde a dos reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) donde se muestran diálogos entre el subdirector de la Policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares; el director de esa corporación, Felipe Flores Vázquez, y personas identificadas como líderes de Guerreros Unidos.
“Cabe señalar que esta primera entrega, refiere a comunicaciones fechadas el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, entre Francisco Salgado (exsubdirector de policía de Iguala), Felipe Flores (exsecretario de Seguridad de Iguala) y una persona denominada Gildardo ‘Gil’, así como Alejandro Palacios ‘Cholo’ y otro más denominado Ramón”, detalló la instancia en un comunicado. “Gil”, según el documento, era el jefe regional del grupo delictivo Guerreros Unidos.
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CAB
