Varios países de América Latina se han coordinado para implementar mecanismos que disminuyan las consecuencias que podrían generar por las deportaciones masivas
Once países latinoamericanos y del Caribe emitieron la “Declaración de la Reunión sobre Movilidad Humana en la ruta Norte del continente”, en la cual llaman, ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a no criminalizar la migración.
Ante el anuncio de deportaciones masivas por parte del republicano instan a buscar un diálogo entre los países de la región para atender el fenómeno migratorio.
“Destacamos que los factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales (contra la migración), afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables”
“Instamos a su levantamiento (de deportaciones masivas), en tanto son contrarias al Derecho Internacional y tienen graves repercusiones sociales más allá de los países a los que se imponen”, dice el pronunciamiento.
La declaración fue firmada por Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela, y en ella los cancilleres, ministros de relaciones exteriores y ministros de la región afirman que recurrirán al Derecho Internacional para la defensa de los migrantes.
“Hacemos un llamado a todos los países del hemisferio a conducirse con apego al Derecho Internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas”, dice el llamado de los países latinoamericanos.
Asimismo, en la declaración se propone un esquema de trabajos temporales para los migrantes y líneas financieras para atender las causas de la migración en los países de origen, como la falta de empleos, la pobreza y la inseguridad.
“Guiados por el principio de responsabilidad compartida, redoblaremos esfuerzos nacionales y la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, países de destino, organismos internacionales, banca internacional de desarrollo y otros socios, para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe”
“Comprendemos que los esfuerzos comunes hacia el desarrollo sostenible, así como el combate a la pobreza y el hambre, y la reducción de las brechas de desigualdad social, promueven el bienestar social”, apuntaron.
Los gobiernos de la región se comprometieron a combatir a los grupos delincuenciales que realizan el tráfico de personas hacia Estados Unidos.
“Nos comprometemos a defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, a rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio, y a protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración, así como de medidas que las coloquen en situación de vulnerabilidad y de otros factores de riesgo”, señala el pronunciamiento.
Sugiere, entre otras consideraciones, el interés común de la reactivación de los encuentros sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con miras a tener un espacio amplio de discusión de propuestas de los diferentes organismos y mecanismos internacionales que atienden el tema de la migración.
