La bancada panista presenta iniciativa para castigar con hasta 15 años de inhabilitación a funcionarios por desabasto de medicinas
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas para garantizar el acceso a los servicios de salud y el abasto de medicamentos.
Para ello se busca sancionar con inhabilitación de cinco a quince años a los servidores públicos que incumplan las disposiciones para asegurar servicio médico, tratamientos, medicinas e insumos en caso de urgencia.
La propuesta, expuesta por el legislador panista Jorge Triana, define a esto una como falta administrativa grave.
El sector privado podrá intervenir si el gobierno no puede cumplir
Asimismo, el legislador de l PAN destacó la adición propuesta al artículo 4 constitucional para establecer la participación del sector privado para suministrar los medicamentos o la prestación de los servicios. Esto en caso de que las instituciones públicas de salud no puedan proveerlos.
Al presentar la iniciativa en tribuna, Triana remarcó que los retrasos en el abasto de medicamentos el sexenio pasado eran de 30 por ciento. En contraste, en la actual administración alcanzan hasta 70 por ciento.
“Tan solo en 2019 hubo casi 10 mil quejas levantadas referentes al desabasto de medicamentos en el sector salud de nuestro país; y para el año 2020 se incrementaron para llegar a casi 15 mil”, dijo.
Sostuvo, además, que el problema del desabasto de medicamentos ya no puede ser ajeno absolutamente a nadie.
“El propio Presidente de la República, que negó este flagelo durante dos años, un día sí y el otro también, ha tenido que abrirse y decir lo que todos ya sabíamos: que existe un problema real; que hay un desabasto a consecuencia de la consolidación de absolutamente todas las compras de medicamentos”, señaló.
La propuesta plantea también adiciones a la Ley General de Salud para instituir la modalidad de subrogación de servicios. Ello con la intención de atender los problemas del abasto de medicamentos y la falta de atención médica a la población.
Para ello, define con claridad que, solo en casos justificados, por ausencia de algún proveedor público o problemas de capacidad de atención, las instituciones públicas deberán suscribir convenios con proveedores y prestadores privados.
Lo anterior para que, a través de un váucher de salud, los usuarios puedan tener el surtimiento completo de la receta médica o se les otorgue la atención médica correspondiente.
Contenido relacionado: Protesta por desabasto de medicamentos en el Senado
CGLP
