La propuestas consiste en que en su declaración de intereses se incluyan las actividades económicas, profesionales y laborales del cónyuge, hijos, primos, suegros, nueras y yernos.
Tras exigir que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador sea investigado por posibles conflictos de interés y corrupción, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para que el Presidente de la República y los secretarios de Estado estén obligados a incluir en su declaración de intereses, las actividades económicas, profesionales y laborales de su cónyuge, hijos, primos, suegros, nueras y yernos.
En voz de su grupo parlamentario, el diputado Rodrigo Sánchez Zepeda cuestionó al titular del ejecutivo:
“Qué curioso que a estas alturas el Presidente López Obrador tenga que explicar y justificar los muchos casos de corrupción de su familia. ¿Cuántas veces ha dicho que ya se acabó la corrupción? Expliquémosle, pues, al rey de las mentiras, el término conflicto de interés”, declaró.
Sánchez Zepeda estuvo flanqueado por su coordinador, Jorge Romero, y del resto de sus compañeros de bancada, quienes sostuvieron una lona con la leyenda “conflicto de interés”, y la foto de José Ramón López Beltrán.
El diputado exigió a los legisladores guindas no ser “tapadera” del caso.
“Además de borregos, hipócritas y cínicos, ustedes serán tapaderas de los corruptos de hoy. No culpen al pasado de su complacencia”, sentenció, al tiempo que sus compañeros se dirigieron con gritos de: “¡Corruptos!” “corruptos”, a los morenistas.
La propuesta panista, que busca reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, sostiene que es imperante que las relaciones familiares de los servidores públicos del más alto nivel sean transparentes, para evitar que sean susceptibles de afectar o incidir en el ejercicio de sus atribuciones “y cerrar la brecha de actos de corrupción”.
También establece actualizar la hipótesis de Ejercicio Abusivo de Funciones y de Tráfico de Influencias, para ampliar las sanciones “cuando los beneficios del ilícito también se generen a favor del entorno personal del Presidente de la República o de los secretarios de Estado”.
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edfm
