El Salvador es asediado por las pandillas MS13, Barrio 18, entre otras, que poseen 60 mil miembros distribuidos en más de 600 células
Autoridades de El Salvador informaron que se logró la detención de siete pandilleros que se disfrazaban de policías para realizar los «ajustes de cuentas» que tenían con los miembros rivales.
Vistiendo pasamontañas y uniformes similares a los de la policía, los sujetos mataron a cinco personas, por lo que serán procesados por el delito de homicidio calificado, suplantación de identidad e usurpación de funciones policíacas.
Será en las próximas semanas cuando un juez dicte la sentencia que podría ser de entre cuatro y 100 años de cárcel.
Estas personas fueron condenadas por el delito de agrupaciones ilícitas y por cinco homicidios, entre los que se encuentran las muertes violentas de dos hermanos, cometidos en el año 2015 en la localidad de San Juan Opico (oeste).
Detalló, sin precisar la pandilla a la que pertenecen, que la pena de 100 años de prisión fue para Óscar Ovidio Ramírez, mientras que Aníbal Martínez Aguilar recibió 64 años de cárcel.
Por su parte, Edwin Alexander Landaverde y César Antonio Juárez purgarán 34 años de cárcel cada uno y el resto de implicados estarán en prisión entre cuatro y 10 años.
Según las autoridades de seguridad, la MS13 encabezó en las primeras semanas de enero una «acción deliberada» de elevar la cifra de homicidios con las muertes de miembros y colaboradores disidentes o de estructuras contrarias.
Estos hechos llevaron al Gobierno a suspender las licencias a los policías para incrementar los operativos en las comunidades con mayor presencia de pandillas.
Las «maras», un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en los últimos cuatro gobiernos.
El Salvador es asediado por las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional y a las que el Gobierno atribuye los índices de violencia que ponen al país entre los más violentos del mundo.
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