Un magistrado de esa nación sostuvo el riesgo de fuga que hay ante el ex mandatario
Un juzgado supremo de Perú evaluará el miércoles el pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Pedro Castillo, investigado por rebelión y conspiración tras intentar disolver el Congreso de forma ilegal, dijo el Poder Judicial.
El ex presidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de “rebelión” y “conspiración”, seguirá detenido en una base policial luego de que un tribunal de apelaciones declarara infundado este martes su pedido de libertad mientras continúan las protestas que han dejado siete muertos y 200 heridos.
El juez César San Martín decidió “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el pasado miércoles.
El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga pues Castillo intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.
El ex mandatario izquierdista permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima hasta este miércoles, cuando se celebrará una audiencia a las 09:30 horas locales para decidir su suerte.
La audiencia de la sala suprema comenzará a las 9:30 horas, antes de que Castillo cumpla en las próximas horas del día en una base policial un arresto preliminar impuesto desde la semana pasada, según fuentes de la fiscalía.
La fiscalía abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, indicó una fuente del ministerio público a la AFP.
En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: “Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”.
“Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo.
“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori.
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Con la destitución de Castillo asumió al poder su vicepresidenta, Dina Boluarte, un relevo que ha generado fuertes protestas con siete muertos, bloqueos de carreteras, ataques a la policía e incendios de sedes públicas y privadas.
El exmandatario Castillo, que había gobernado desde julio del año pasado, convocó por Twitter el martes a sus seguidores para que acudan a la base policial alrededor de las 19:00 horas, a la espera de su libertad.
“Los espero a todos en las instalaciones de la DIROES para unirme con ustedes en un abrazo”, dijo Castillo, quien firmó el mensaje como “Presidente Constitucional del Perú“. Castillo ha rechazado las acusaciones de rebelión y conspiración.
El gobierno de Boluarte anunció en la víspera que las fuerzas armadas controlarán y protegerán la infraestructura clave, como aeropuertos e hidroeléctricas, y las carreteras nacionales, en prevención de más protestas.
En las protestas, algunas muy violentas principalmente en el interior del país, los manifestantes piden el cierre del Congreso, elecciones inmediatas, una asamblea constituyente y la renuncia de la nueva presidenta Boluarte.
La crisis en Perú no daba señales de acabar incluso después de que Boluarte anunciara que buscará “acortar” los plazos previstos de adelantar las elecciones generales, planteada inicialmente para abril del 2024.
La mandataria debería completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026, según la Constitución.
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CAB
