A Anaya, la Fiscalía buscaba imputarle los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por supuestos sobornos
Desde octubre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga las actividades del expresidente Enrique Peña Nieto; esto, tras recibir diversas denuncias de actos de corrupción durante su gobierno.
El diario Milenio señala que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició entonces la indagatoria sobre el exmandatario, la que clasificó como confidencial con el fin de salvaguardar las investigaciones.
Según el reporte, el Ministerio Público de la Federación cuenta con información sobre Peña Nieto como sus entradas y salidas del país, la ubicación de sus domicilios y datos personales como pasaporte, CURP, credencial de elector, entre otros.
La Consejería Jurídica de la Presidencia, al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Cámara de Diputados recibieron las primeras peticiones de documentación.
Por lo que se detalla, entre la información solicitada están las copias del contrato laboral del exmandatario, la constancia de registro como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, sus gastos de campaña, entre otras.
Posteriormente, la Fiscalía solicitó a la Policía Federal Ministerial la realización de inspecciones para obtener información relacionada con los domicilios de Peña, con el fin de poder esclarecer los hechos que dieron origen a la indagatoria.
No solo se requirió información del expresidente, sino también del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como de los ex legisladores panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle Maury, así como del priista David Penchyna.
El reporte destaca que parte de estas indagatorias fueron judicializadas, como el caso de Videgaray. Finalmente la FGR se desistió de la orden de aprehensión en su contra solicitada por el delito de traición a la patria.
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Por otro lado, en torno al excandidato presidencial Ricardo Anaya, la Fiscalía buscaba imputarle los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por supuestos sobornos recibidos en el marco de la aprobación de la reforma energética en 2014. Sin embargo, el político panista no se presentó a la audiencia.
De estos nombres, el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury fue imputado por haber recibido supuestos sobornos. También se libró una orden de aprehensión contra el exidrector de Peteróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, quien denunció al fiscal Alejandro Gertz Manero, y al fiscal de Control Competencial de la FGR, Juan Ramos López, por presunta tortura, tratos crueles y degradantes en contra de Emilio Lozoya Austin y sus familiares, para que éste lo señalara.
El pasado 2 de agosto, la FGR informó que tiene tres indagatorias abiertas que involucran al expresidente Enrique Peña Nieto, por delitos federales.
El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, dijo en un comunicado
Además, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
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CAB
