El análisis arrojó que del 29 de junio de 2020 al 23 de noviembre de 2021, ocurrieron 226 intervenciones ejecutadas con Pegasus
En nuevo caso de espionaje a periodistas con el software Pegasus salió a la luz. Esta ocasión contra miembros de El Faro, uno de los medios más importantes de El Salvador.
Un peritaje realizado por Citizen Lab y Acces Now confirmó que los teléfonos iPhone de los 22 trabajadores, entre los que hay periodistas y personal administrativo, fueron intervenidos.
Los teléfonos iPhone de 22 trabajadores del periódico fueron monitoreados entre 29 de junio de 2020 y 23 de noviembre de 2021, con un total, ocurrieron 226 intervenciones. Según el análisis, hay evidencia de que se ejecutó Pegasus desde El Salvador.
El análisis arrojó que del 29 de junio de 2020 al 23 de noviembre de 2021, ocurrieron 226 intervenciones ejecutadas con Pegasus desde El Salvador.
«En otras palabras: se trata de 17 meses de espionaje continuo y con total acceso a los aparatos telefónicos de más de la mitad del personal que labora para este periódico, en fechas específicas que coinciden con diferentes procesos de investigación de El Faro y con acontecimientos relevantes en la vida política nacional o ataques gubernamentales contra el periódico», señaló el diario.
Citizen Lab ya ha participado antes en revelaciones sobre cómo gobiernos de todo el mundo han usado Pegasus —un programa que se supone debe usarse para acciones contra el terrorismo— para espiar a periodistas, grupos disidentes o adversarios políticos.
El análisis de Citizen Lab, sin embargo, muestra que el caso de El Faro no es el único en El Salvador. El informe logró confirmar 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021.
Los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, y dos periodistas independientes, así como miembros de las organizaciones Fundación DTJ, Cristosal y otra ONG.
“El hackeo se produjo mientras las organizaciones informaban sobre temas delicados que involucran a la administración del presidente (Nayib) Bukele, como un escándalo relacionado con la negociación del gobierno de un ‘pacto’ con la pandilla MS-13 para la reducción de la violencia y apoyo electoral”, apunta el informe disponible en el sitio citizenlab.ca.
El informe de Citizen Lab y Action Now sobre los periodistas de El Faro fue verificado de manera independiente por Amnistía Internacional, según indicó la organización de defensa de los derechos humanos en un comunicado.
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Desde 2018, APES monitorea las agresiones a periodistas y señala que, con la llegada de Bukele al poder, se ha visto un aumento de ataques provenientes de entidades del Estado. En su informe anual de 2020, la cifra de periodistas que sufrieron agresiones duplicó la cifra de 2018. La asociación denuncia, además, un aumento en el acoso digital (el 20% correspondiente a mujeres) contra comunicadores que cuestionan las acciones de los funcionarios del Estado.
“El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Agregó que “las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”.
“Es inaceptable que en El Salvador se vuelvan cada vez más cotidianas las denuncias de acoso y amenaza contra periodistas y personas defensoras de derechos humano, quienes laboran en un ambiente hostil y se encuentran en grave riesgo”, subrayó Guevara Rosas.
AI recordó que en noviembre del 2021 “se hizo de conocimiento público que periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil recibieron una alerta de Apple en que se les advertía que posiblemente estaban siendo sujetos de vigilancia selectiva por parte de atacantes patrocinados por un Estado”.
Además las pesquisas permitieron determinar que en 11 de los casos hubo hackeo, mientras que en otros 11 casos, el peritaje concluyó que además hubo extracción de información.
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CAB
