Un peritaje independiente cuestiona la investigación oficial por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y rechaza que haya existido una ejecución extrajudicial
A más de un mes y medio del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la narrativa presentada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán enfrenta nuevos cuestionamientos. La defensa legal de los escoltas detenidos incorporó a la carpeta de investigación un peritaje independiente que contradice la hipótesis oficial y descarta que el agresor haya sido ejecutado de manera extrajudicial en el lugar de los hechos.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan dejó un total de siete disparos. La autoridad sostiene que seis detonaciones fueron realizadas por el agresor y una más por un escolta, quien presuntamente utilizó el arma del atacante para abatirlo, planteamiento que dio origen a la acusación por una posible ejecución extrajudicial y a la detención del equipo de seguridad del edil.
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Sin embargo, el peritaje presentado por la defensa sostiene una conclusión distinta. El abogado Gustavo Carrión explicó que, aunque se identificaron siete disparos, el análisis balístico demuestra que no todos provinieron de la misma arma. El dictamen señala diferencias claras entre los casquillos localizados en la escena, tanto en su color como en las leyendas de fábrica, lo que apunta al uso de armas distintas.
El punto central de la controversia es un casquillo identificado como indicio número 9. Según consta en el expediente, seis casquillos grises fueron encontrados en el sitio donde el agresor disparó contra el alcalde. En contraste, el casquillo correspondiente al disparo que terminó con la vida del atacante fue localizado en una jardinera y es de color dorado, con una marcación distinta. El análisis microscópico de las estrías concluye que los seis casquillos grises corresponden a una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, mientras que el dorado no presenta coincidencias con esa arma.
Para la defensa, esta discrepancia desmonta la acusación de que el agresor fue abatido con su propia pistola. Carrión aseguró que la actuación de los escoltas se dio en cumplimiento de su deber y bajo una situación de riesgo real, sin que pueda configurarse un homicidio doloso ni una conducta de omisión. Añadió que una de las agentes resultó herida de bala durante el ataque, hecho documentado médicamente, lo que evidenciaría una reacción inmediata ante la agresión.
Pese a la nueva evidencia, la Fiscalía mantiene su postura. En una conferencia ofrecida el 28 de noviembre, el fiscal Carlos Torres declaró:
“Fue la misma arma. Ellos traen una prueba pericial, se respeta. Será el juez el que determine”.
La defensa solicitó que se hagan públicos los indicios y registros recabados en la escena del crimen para que la sociedad pueda contrastar ambas versiones. En ese contexto, Carrión lanzó un reto directo a la autoridad ministerial:
“Que científicamente salga a los medios (…) y justifique por qué considera que sí es el arma”.
La acusación contra los escoltas se sostiene en la teoría del uso de una sola arma y en una presunta omisión durante el ataque, el cual, según la defensa, ocurrió en apenas 1.5 segundos. Los imputados enfrentan penas que van de 20 a 50 años de prisión, mientras el caso queda ahora en manos del Poder Judicial.
