El diputado del PES aseguró que hará frente a la violencia hacia la mujer y dirigida a los niños por nacer.
Proponen castigar a quien aborte o brinde ayuda para la interrupción del embarazo con una pena que va de los 30 y hasta los 60 años de prisión. La iniciativa contempla una reforma a la Constitución y al Código Penal del Estado.
El diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, responsable de la idea de reforma, argumenta que la protección de la «vida del menor en su etapa de gestación, es un Derecho Humano que debemos salvaguardar en nuestra Carta Magna y en la legislación penal».
En este sentido, el proyecto alteraría el artículo 313 TER del Código Penal para el Estado de Nuevo León. De modo que quedaría de la siguiente manera «Homicidio a razón del parentesco o relación, en el cual al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, hermano, cónyuge, conviviente, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de treinta a sesenta años».
El diputado del PES aseguró que hará frente a la violencia hacia la mujer y dirigida a los niños por nacer. Recordó además que la ONU considera el abuso fetal en la Declaración de los Derechos del Niño decretada en 1957.
Explicó que por abuso fetal se entiende cualquier acto intencional o de negligencia que atente contra el feto en todas las etapas de su desarrollo. En ellos puede intervenir instituciones, la sociedad que prive de sus derechos al recién nacido o bien, que que dificulte su óptimo desarrollo físico, psicológico o social.
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