El Diálogo Nacional por la Paz exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la investigación de los asesinatos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y del empresario limonero Bernardo Bravo, ocurridos con apenas trece días de diferencia en Michoacán y presuntamente vinculados al crimen organizado.
Piden a la FGR asumir investigación por asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo en Michoacán. Organizaciones religiosas y especialistas en seguridad señalaron que la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno contribuyó a estos homicidios, pese a que ambas víctimas habían solicitado públicamente apoyo y protección ante las amenazas que enfrentaban.
Tras los hechos del 20 de octubre y 1 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Dimensión Episcopal para los Laicos hicieron un llamado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que asuma un liderazgo más firme en materia de seguridad y justicia en Michoacán.
Las organizaciones religiosas enfatizaron la necesidad de optimizar los recursos entre el gobierno estatal, los municipios y la sociedad civil para hacer frente a la violencia generada por los cárteles que operan en la región. En su pronunciamiento, lamentaron los crímenes y subrayaron la urgencia de replantear la estrategia de seguridad en el estado, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, quien fue abucheado durante el velorio del alcalde de Uruapan.
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Asimismo, destacaron la importancia de que las autoridades federales y estatales escuchen las voces de los líderes locales y fortalezcan la colaboración institucional para diseñar estrategias más adecuadas a la realidad michoacana.
El Diálogo Nacional por la Paz advirtió que no existen mecanismos eficaces de cooperación entre el gobierno federal y el estatal para desmantelar redes criminales ni medidas suficientes para garantizar la transparencia y mejorar las capacidades de investigación.
Finalmente, las organizaciones demandaron supervisar y sancionar las omisiones o malas prácticas de las fiscalías estatales y reiteraron que la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la fiscalía y los gobiernos municipales deben trabajar coordinadamente por la seguridad de la población michoacana.
