Al menos en tres de cada 10 expedientes correspondientes a feminicidios se divulga la información catalogada como confidencial
La ombudsperson de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez afirmó que en al menos tres de cada 10 expedientes correspondientes a feminicidios se filtra información, lo que se debe sancionar penal y administrativamente.
Durante la presentación del informe anual de 2018 ante legisladores locales y federales, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) advirtió que la violencia de género estructural ha ido al alza, al igual que la imperante demanda de construir nuevas formas de relaciones sociales que dejen fuera la violencia de género.
El reclamo es añejo y es necesario atenderlo sin dudas y con las herramientas jurídicas con las que ya se cuentan, sin pretextos”, señaló.
Anunció que, en las próximas semanas, la comisión que encabeza concluirá el informe Investigar con perspectiva de derechos humanos la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, resultado de la sistematización de información correspondiente a expedientes de queja que van de 2012 a 2018.
Desde el año pasado se comenzó a sistematizar información para documentar los patrones de violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, explicó Ramírez Hernández.
Por eso hoy se sabe con certeza que al menos en tres de cada 10 expedientes correspondientes a feminicidio se divulga la información catalogada como confidencial, hecho mismo que motiva queja.
Es decir, se filtra información que corresponde a la investigación, lo que viola los derechos humanos de las mujeres cuyos casos se investigan, y tiene como efecto una victimización secundaria, la invasión de su privacidad y la exposición a más agresiones.
La ombudsperson advirtió que, por su gravedad y reiteración, la filtración de información de una investigación se debe sancionar penal y administrativamente.
Confió en que el informe y las investigaciones en curso sobre violencia familiar, desaparición de mujeres, feminicidio, violencia sexual, entre otras, contribuyan al derecho a la verdad de las víctimas, a la reparación integral del daño y a generar acciones de política pública que disminuyan la violencia de género.
Al ofrecer cifras de su informe 2018, que fue el último año de la gestión de Miguel Ángel Mancera, puntualizó que la Comisión brindó 28 mil 797 servicios de orientación y prevención, además de registrar 11 mil 134 expedientes de queja.
Esta cifra no es menor si la contextualizamos con otros años, pues en 2018 se atendieron dos mil 824 quejas más que el promedio registrado en los 10 años anteriores”, resaltó.
Respecto a esas quejas, aseveró que tiene el mayor porcentaje de autoridades señaladas, 88 por ciento, que corresponden a autoridades de la administración pública central de la ciudad.
De éstas, las tres más referidas en las quejas fueron la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia y la entonces Secretaría de Seguridad Pública.
En términos de los derechos humanos, los derechos lesionados con más frecuencia fueron el derecho a la seguridad jurídica, a la salud, los derechos de las personas privadas de la libertad y los derechos de las víctimas o personas ofendidas.
Ese año se concluyeron ocho mil 278 quejas, casi la mitad fueron solucionadas durante el trámite a partir de las gestiones realizadas por las visitadurías.
También se emitieron 20 instrumentos recomendatorios en los que, en conjunto, se identificaron 437 víctimas directas y 45 indirectas, que ahora tienen derecho a la reparación del daño.
Durante 2018 se concluyeron 85 puntos recomendatorios que diversas autoridades mantenían pendientes desde años anteriores.
Con información de Excélsior.
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