
Un video de dos policías de la CDMX en una patrulla generó debate sobre si su difusión podría sancionarse bajo la Ley Olimpia y sus alcances legales
En días recientes, un video que muestra a dos policías de la Ciudad de México manteniendo un acto sexual dentro de una patrulla en la vía pública se volvió viral en redes sociales. Las imágenes encendieron un debate sobre si la difusión de este material podría encuadrar en un delito contemplado por la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y vulneraciones a la intimidad sexual mediante medios electrónicos.
Dicha legislación contempla penas de cuatro a seis años de prisión y multas de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización, equivalentes a más de 100 mil pesos. Sin embargo, especialistas en derecho penal explicaron que, en este caso, no procedería la aplicación del tipo penal.
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El abogado Gabriel Regino señaló que, desde un análisis técnico-jurídico, el supuesto no se configura por tres motivos: los hechos ocurrieron en un espacio público, el acto fue visible para cualquiera y los involucrados son servidores públicos que estaban en horario laboral y en un vehículo oficial, por lo que no existe una expectativa legítima de privacidad. Añadió que grabar en la vía pública, sin invadir propiedad privada ni emplear métodos ilícitos, no constituye una intromisión sancionable bajo la Ley Olimpia.
En la misma línea, el penalista Juan Hernández, a través de su cuenta La defensa más leal, coincidió en que la norma no aplica para este caso.
Por su parte, la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, expresó su rechazo a la difusión del material, afirmando que “desde la perspectiva de las defensoras digitales, la grabación vulnera el derecho a la intimidad” y que, aunque podrían existir sanciones administrativas por uso indebido de la patrulla y horario laboral, eso no justifica su exposición pública.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX confirmó el 5 de agosto que los elementos habían sido identificados y citados a declarar. La Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa y la dependencia reiteró que no tolerará conductas contrarias a los protocolos ni a los principios institucionales. Hasta el momento, no se han dado nuevos detalles del caso.