Los trabajadores tienen varias demandas, reiteraron su apoyo al presidente encargado y esperan que les cumpla lo que piden
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió este martes a los trabajadores públicos de Venezuela que respaldan al presidente encargado del país, Juan Guaidó, marchar hasta la sede del Legislativo, al que exigen aprobar una ley para la “protección” de los empleados que “defiendan” la democracia.
El número de manifestantes era reducido, tenían planeado recorrer una avenida del centro-oeste de Caracas hasta llegar a la sede del Parlamento, pero los trabajadores no pudieron ni siquiera concentrarse en el punto de partida de la movilización, la plaza Morelos, debido a que fue acordonada por la policía.
Entre los trabajadores que tenían previsto marchar se encontraban empleados de la empresa estatal de electricidad Corpoelec, de la de comunicaciones Cantv, de la Cancillería, del Seguro Social, del sector petrolero y universitario.
“Las fieras están heridas y atacando, y esta es la mejor demostración del desespero de un régimen fallido que sumió al país en la pobreza”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas.
Al no poder marchar algunos sindicalistas se dirigieron por separado a la
sede del Legislativo y entregaron un documento con la exigencia de que se apruebe lo que han llamado como “ley de garantías laborales”.
Al arribar al Congreso de mayoría opositora fueron recibidos por el diputado Miguel Pizarro, quien les prometió acelerar el trámite.
Dicha ley solicitada “es una protección para todos los trabajadores que en un momento dado salgan a defender la democracia, salgan a defender la institucionalidad”, dijo a medios locales el secretario general de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), José Elías Torres.
Explicó también que la ley busca defender los derechos de los trabajadores ante la posibilidad de que el Estado intente despedir a alguno “por discriminación política”, o sea por respaldar a Guaidó.
Implica que los trabajadores que sean despedidos por las razones antes descritas, volverán a ser instaurados en sus puestos en cuanto cese “la usurpación de Maduro”.
Todas las decisiones de la Asamblea Nacional son consideradas nulas por el máximo tribunal, de línea oficialista, que la declaró en desacato en 2016.
La ley de garantías fue planteada por líderes obreros, que además propusieron al opositor organizar una serie de huelgas para presionar la salida del gobernante socialista. Los sindicatos aún no han anunciado cuándo o en qué sectores se cumplirán esos paros.
Guaidó pretende sumar a los empleados estatales a una movilización nacional hacia el palacio presidencial de Miraflores, según ha dicho para asumir su control, dicha movilización no tiene fecha establecida.
El jefe legislativo también impulsa una ley de amnistía para los miembros de la Fuerza Armada que desconozcan a Maduro, que tiene en los militares su principal sostén y mantiene influencia en varios sindicatos.
Los trabajadores aprovecharon la ocasión para exigir al Parlamento que señale al responsable del masivo apagón que sufrió el país hace once días y que debata si hay causales para que se emprenda un juicio a nivel internacional.
Otra exigencia hecha al Legislativo fue que se pida a la comisión enviada a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que se reúna con los trabajadores.
Los trabajadores que apoyan a Juan Guaidó dijeron este martes que así como le manifestaron su apoyo, también le exigirán que cumpla con la defensa de los derechos de los trabajadores que, aseguran, han sido violados por la Administración chavista.
Contenido relacionado
