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Por enriquecimiento ilícito ordenan aprehender a rector de UAEM

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, están acusados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Alrededor de las dos de la madrugada de este sábado, elementos policiacos estatales y de la Fiscalía Morelos ingresaron al domicilio de Vera Jiménez ubicado en el municipio de Emiliano Zapata con el fin de ejercer la acción penal señalada por un juez estatal, quien ordenó su aprehensión como presunto responsable de un enriquecimiento ilícito, sin embargo, la pareja no se encontró en el lugar.

César Ricardo García Bravo, abogado de Vera Jiménez, confirmó la emisión de la orden de aprehensión como impulso jurídico a la orden de cateo efectuada durante la madrugada a la casa del rector.

“Venían un tanto agresivos y se les explicó que no era necesario; se les permitió la entrada y les pregunte qué era lo que buscaban y entonces informaron que traían una orden de aprensión en contra del rector y su esposa; entraron y revisaron todas las zonas de la casa y hasta el jardín pero por fortuna ellos no estaban”, explicó.

Las autoridades del estado de Morelos aseguran a través de una denuncia penal, que el rector Vera Jiménez ha malversado los fondos de la UAEM, lo que ha derivado en una crisis económica en la máxima casa de estudios y en el enriquecimiento ilícito del funcionario universitario.

Anteriormente, el rector acusó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, de fabricarle delitos. En octubre pasado fue acusado de peculado, señalamiento que el juez no pudo comprobar, por lo cual no se le pudo vincular a proceso penal.

El rector ha dicho en reiteradas ocasiones que las acusaciones son parte de una venganza de Graco Ramírez, luego de que la UAEM y otras organizaciones civiles obligaron a abrir las fosas clandestinas en Tetelcingo y Jojutla.

Cabe recordar que ambas fosas fuero abiertas por trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la administración del gobernador perredista, para enterrar de manera ilegal y clandestina cerca de 200 cadáveres.

 

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