La dirigencia del PRI en Veracruz afirmó que alcaldes de su partido enfrentan presiones políticas y presupuestales para abandonar sus cargos partidistas y sumarse a Morena
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz acusó públicamente a actores de Morena de ejercer presuntas presiones contra presidentes municipales priistas con el fin de obligarlos a cambiar de filiación política. De acuerdo con el partido, estas acciones incluirían amenazas relacionadas con auditorías y la paralización de recursos para obras y servicios públicos.
En conferencia de prensa, el presidente del PRI en la entidad, Adolfo Ramírez Arana, señaló que varios alcaldes se han acercado a la dirigencia para denunciar hostigamiento desde instancias legislativas. Según explicó, los ediles habrían sido advertidos de posibles revisiones a sus cuentas públicas o bloqueos administrativos si no aceptan incorporarse a Morena.
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Ramírez Arana afirmó que estas prácticas estarían siendo impulsadas desde el Congreso local y responsabilizó directamente a Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. A su juicio, el uso de mecanismos institucionales con fines partidistas representa una forma de coacción que vulnera la autonomía municipal y la pluralidad política en el estado.
Durante su intervención, el dirigente priista declaró: “Van varios alcaldes que hacen contacto con nosotros, que los están amenazando, amedrentando y que les están diciendo que se pasen a las filas de Morena”.
El líder del tricolor sostuvo que el PRI se encuentra integrando expedientes con testimonios y documentación para presentar denuncias formales ante las autoridades correspondientes. Además, advirtió que, de persistir estas conductas, se darán a conocer públicamente los nombres de los funcionarios que condicionen apoyos institucionales a decisiones partidistas.
La denuncia ocurre días después de que Pablo Martínez Ortiz, alcalde de Cosautlán de Carvajal, anunciara su salida del PRI para integrarse a Morena. Para la dirigencia priista, este cambio no respondió a una decisión personal libre, sino a un contexto de presiones políticas que buscan debilitar a la oposición de cara a futuros procesos electorales.
Desde Morena, las acusaciones fueron rechazadas. El diputado Esteban Bautista Hernández negó de manera categórica cualquier intento de intimidación y calificó los señalamientos como infundados. Afirmó que no existe un uso político de las revisiones financieras y pidió que se presenten pruebas concretas.
Al responder a los señalamientos, el legislador sostuvo:
“Yo no ando buscando que renuncien y mucho menos amenazándolos con su cuenta pública”.
Bautista Hernández otorgó un plazo de 72 horas para que el PRI haga públicas las denuncias formales y los nombres de los presuntos afectados. Aseguró que los alcaldes que han decidido sumarse a Morena lo han hecho por afinidad política y no bajo ningún tipo de presión, reiterando que el Congreso actúa conforme a la ley.
