Integrantes del PRI en varios estados del país se sumaron a las quejas que se interpusieron contra de la gobernadora de Campeche
Integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en varios estados del país se sumaron a las quejas que se interpusieron tanto en comisiones estatales como en la federal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por violaciones a los derechos humanos al ejercer violencia política de género.
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Chiapas, Yeimi Yasmín Aguilar Cifuentes, presentó este lunes una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
La legisladora por el V distrito electoral con sede en San Cristóbal de las Casas dijo que con sus “dichos misóginos” Sansores incurrió en violencia política de género en contra de las diputadas y del grupo parlamentario del PRI.
La queja contra la gobernadora surgida de Morena, que aseguró que tenía material íntimo de mis compañeras; “no sólo violenta a las diputadas, sino a todas las mujeres del país”.
Lo cierto, agregó la legisladora chiapaneca, es que “todas tenemos el derecho a ocupar cargos públicos; para eso trabajamos, caminamos todos los días, para que nadie nos venga a decir que nosotras nos ganamos los puestos, los cargos políticos, de otra forma”, recriminó.
Por otro lado, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por Javier Villacaña, dirigente tricolor en Oaxaca, condenaron las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena), pues aseguraron que violentan a las mujeres que están inmersas en la política.
Condicho pronunciamiento, que aseguró se replica en todo comité del PRI en todo el país, los integrantes del PRI en Oaxaca señalaron que se busca que se aplique la ley y que ésta que no sea selectiva.
“Para el Comité Directivo Estatal del PRI, las declaraciones dela gobernadora Layda Sansores, además de ser misóginas, pueden configurar delitos de orden penal, por lo que el Comité Directivo Estatal en pleno, sectores y organizaciones exigimos al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que actúe de manera pronta y expedita, atendiendo la solicitud que presentaron ante esa fiscalía las diputadas federales del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados”, leyeron en el pronunciamiento en voz de Liz Concha, secretaria general del PRI.
Los priistas recordaron que la Ley Olimpia, aprobada por todos los congresos locales y el federal, protege los derechos de las mujeres respecto a su vida privada y a la difusión de videos no autorizados, por lo que aseguraron que los dichos de Sansores de tener en su poder fotos de las 35 diputadas federales es consecutivo de “un acto ilegal que debe ser castigado por las autoridades competentes”.
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Señalaron que estas declaraciones representan la comisión de un delito, pues de tenerlas, significa que las consiguió de una manera ilegal y haber expresado el contenido de las mismas sin la autorización de las afectadas “trastoca los derechos más elementales”.
Asimismo, el Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contra la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política en razón de género, ejercida hacia las diputadas federales priistas, informó el Presidente de este partido, Onésimo Aguilera Burrola.
“Las diputadas priistas fueron violentadas y victimizadas por la gobernadora de Campeche durante su programa semanal de calumnias, ejerció violencia política de género en su contra al asegurar, públicamente, que supuestamente posee fotografías de índole sexual de diputadas del PRI, de ser el caso, habiéndolas obtenido de manera ilegal, los dichos públicos de la gobernadora incitan a la violencia en contra de todas las mujeres en la política” externó Onésimo Aguilera.
Subrayó que en particular, las aseveraciones de la gobernadora de Campeche obstaculizan el libre ejercicio del cargo, basándose en estereotipos machistas y provocando reacciones violentas en contra de las legisladoras.
Lo anterior, lo realiza en menoscabo de la imagen pública de las diputadas y con la clara intención de limitar el ejercicio de los derechos político-electorales.
El dirigente enfatizó que el INE debe asegurar que a las y los responsables se les incorpore al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y que la gobernadora y toda persona implicada deben ser investigadas y sancionadas por incitar a comentarios que ejercen violencia y reproducen patrones de conducta machista y misógina contra las que luchamos a diario.
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CAB
