Benjamin Netanyahu denunció por medio de una conferencia de prensa que las acusaciones tienen el objetivo de sacarlo del poder.

La Fiscalía de Israel podría imputarle al primer ministro de su país, Benjamin Netanyahu, los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza en dos casos por los que fue investigado desde hace un año, informaron fuentes policiales.

La recomendación emitida a la Fiscalía de parte de la policía señala que “Al terminar la investigación del Caso 1000, la policía ha concluido que hay evidencias suficientes contra el primer ministro por sospechas de los delitos de aceptar sobornos, fraude y abuso de confianza en relación con su conexión con Arnon Mijal y fraude y abuso de confianza en su conexión con el empresario australiano James Packer.

Se trata del caso en el que se le investigaba por aceptar lujosos regalos de millonarios para él y su familia -como puros y champán francés- por valor de miles de euros a cambio de favores.

El productor de Hollywood Mijal y el millonario australiano Packer, así como sus asistentes y empleados, fueron sometidos a interrogatorios por la Policía, que según los medios dedujo que muchos obsequios se hacían a petición de la familia Netanyahu.

El jefe del Gobierno y su esposa, Sara, han reconocido haber recibido los regalos, pero lo enmarcan en un mero ‘intercambio entre amigos’ y niegan haber dado nada a cambio.

En el segundo caso, denominado 2000, se investigaba un presunto intento de pacto entre Netanyahu y Arnon Mozes, editor de uno de los diarios de mayor difusión de Israel, el Yediot Aharonot, que proponía una cobertura más positiva del primer ministro a cambio de dañar la distribución del diario rival, el gratuito Israel Hayom.

“La Policía israelí ha concluido que hay pruebas suficientes contra el primer ministro en este caso por delitos de soborno, fraude y abuso de confianza», se afirma en el comunicado policial.

También ha recomendado imputar a Mozes, «porque hay evidencias suficientes de que se cometió soborno».

Netanyahu se reunió este martes con sus abogados y principales asesores para abordar la cuestión, horas antes de que se hicieran públicas las recomendaciones.

Tras difundirse la recomendación policial, el primer ministro israelí compareció en un video en televisión y la calificó de «difamación» contra él y su familia.

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