Blanca Alicia Bernal, exagente del Ministerio Público, fue beneficiada con la modificación de su medida cautelar de prisión preventiva justificada para cumplir su proceso en arresto domiciliario en relación con el caso Ayotzinapa.
Blanca Alicia Bernal Castilla, exagente del Ministerio Público Federal (MPF), obtuvo la modificación de su medida cautelar de prisión preventiva justificada para continuar su proceso en arresto domiciliario. Esto se debe a su implicación en diversos delitos vinculados a las investigaciones del Caso Ayotzinapa.
La jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, Alejandra Domínguez Santos, decidió cambiar la medida cautelar luego de considerar válidos los argumentos presentados por la defensa, los cuales indicaban que no había riesgo de fuga por parte de la procesada.
Blanca Alicia Bernal Castilla está acusada de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción a la justicia en relación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La exfuncionaria de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), podrá abandonar el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, al cumplir diversos requisitos, entre ellos el de la colocación de un brazalete electrónico.
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En su decisión, la jueza Domínguez Santos estableció que Bernal Castilla no puede salir del territorio de la Ciudad de México y debe presentarse mensualmente para firmar el registro de procesados en la Unidad de Medidas Cautelares.
Lo que indica la Fiscalía General de la República es que la exagente del MPF, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), firmó el documento que autorizó el traslado de Agustín García Reyes, alias El Chereje, al Río San Juan en Cocula, Guerrero. El propósito era que él narrara cómo se deshizo de los cuerpos de los normalistas desaparecidos, en una diligencia realizada el 28 de octubre de 2014, un mes después de los hechos. Tomás Zerón de Lucio, quien era director de la Agencia de Investigación Criminal en ese entonces y ahora está prófugo en Israel, encabezó dicha diligencia.
Además de estos cargos, la FGR también la acusa de no haber supervisado adecuadamente esa diligencia, así como de posibles actos de tortura contra el detenido. También se le señala por manipulación de evidencias y presentación de documentos alterados, según las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
