Ya lo dijo el presidente, la reforma judicial va porque va. No importa cuántos foros se organicen, no importan los parlamentos abiertos o las encuestas, no importa cuánto se intente “democratizar” la propuesta, en Septiembre se aprobará una reforma para elegir jueces y magistrados por voto popular, tal como elegimos a nuestros legisladores y ejecutivos.
La estrategia para apropiarse del Poder Judicial es la misma de siempre. El mismo capricho con el que cancelaron el NAIM, el Seguro Popular, las estancias infantiles, y la Policía Federal; gritan corrupción para justificar su destrucción. Tachan a la Corte de elitista para servir su renovación en bandeja de plata. Denuncian a “los partidos de siempre” de elegir jueces vía cuotas y cuates, para ahora cobrar sus cuotas y posicionar a sus cuates.
Esta reforma judicial va más allá de mera discusión legislativa. Estamos hablando de un intento contundente por parte del ejecutivo de consolidar su soberanía sobre el judicial. En vez de representar un avance en la impartición de justicia, sería un retroceso en la imparcialidad y transparencia del aparato de justicia. Los grandes capitales, sean empresariales o criminales, siempre podrán pagarle la campaña a un juez, doblar a un ministro o comprar la sentencia de un compadre. Privilegios para los privilegiados, las víctimas del sistema judicial seguirán siendo las mismas.
Ante este escenario, es fundamental que la sociedad civil, los medios de comunicación y los partidos de oposición fomenten el debate y la movilización. No se trata sólo de oponerse por oponerse, sino de defender principios fundamentales que han costado años de lucha y sacrificio construir en nuestro país.
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Tras la erosión de la dictadura perfecta perpetuada por el partido oficialista, nos encontramos en la bifurcación de una nueva democracia. El carro completo que presume Morena significa que han ganado todos los distritos electorales en 17 estados de la república, obteniendo mayoría en 27 legislaturas locales con 529 de 663 curules. Es decir, Morena tiene el 79.78% de todos los diputados locales en este país. Como si esto fuera poco, también ganaron las senadurías de 30 entidades federativas, dos terceras partes del congreso de la unión, 24 de las 32 gubernaturas, y obviamente, la presidencia de la república por el más amplio margen en la historia de México. Que alguien me diga que esto es democracia.
La historia nos enseña que el poder absoluto, lejos de garantizar la justicia y el bienestar común, suele conducir a la opresión y al abuso. México nunca ha sido la excepción. Si bien, Vargas Llosa tuvo las agallas de llamar las cosas por su nombre en el régimen anterior, es momento de decir claramente que la reforma judicial no representa el progreso que el país necesita, sino un violento retroceso hacia prácticas que creíamos superadas.
En septiembre, cuando se decida el destino de esta iniciativa, el país estará observando atentamente. Esperemos que la sabiduría prevalezca sobre la ambición, y que la justicia, verdadera y no manipulada, sea la guía en la toma de decisiones que definirán nuestro futuro como nación.
Glenn Ernesto Beltrán Padilla
