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Procesan a dos funcionarios de alto rango del IMSS

Procesan a dos funcionarios de alto rango del IMSS

Sus acciones afectaron el patrimonio del Seguro Social, al haber contratado con un sobrecosto por la cantidad de 809 millones 204 mil pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a dos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por su probable responsabilidad en la adjudicación de contratos millonarios a sobrecosto a empresas monopólicas.

Por medio de un comunicado este jueves, la dependencia informó obtuvo la vinculación a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de los servidores públicos Fernando “L” y Mario “P”; ambos bajo el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

La FGR aseguró que se aportaron los elementos de prueba, por lo que la autoridad judicial tuvo por acreditada la probable comisión del delito a quienes “presuntamente otorgaron una adjudicación afectando el patrimonio del organismo descentralizado donde laboraban”.

Por lo anterior, se estableció que, como medidas cautelares, los presuntos acudirán cada mes a firmar ante el Juez en el Reclusorio Norte; además, estarán impedidos a salir del país durante los seis meses que se fijaron para la investigación complementaria.

De acuerdo con la dependencia, Fernando “L”, titular de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos, y Mario “P”, titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, habrían otorgado de manera ilícita una adjudicación relacionada con la “Contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022”.

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Esto afectó al patrimonio del organismo descentralizado, pues se contrataron con un sobrecosto por la cantidad de 809 millones 204 mil 113 pesos y 15 centavos.

En adición, se presume que desecharon indebidamente propuestas económicas que ofrecían mejores condiciones de costo-beneficio para la prestación del servicio.

Como último apunte, se destaca que las empresas a las que fueron adjudicados los contratos de prestación de servicios están sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas.

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CAB

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