Las autoridades señalan que habrían utilizado sus cargos para disponer de bienes municipales de forma irregular.
Procesan a exalcaldesa y exfuncionarios de Tanhuato por presunto desvío de recursos. La ex presidenta municipal de Tanhuato, junto con dos ex integrantes de su administración, fue sujeta a proceso por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) de Michoacán investiga un presunto daño al erario que supera los dos millones de pesos.
La FECC informó que los imputados pertenecieron a la administración municipal 2021–2024 y fueron identificados como María Francisca “N”, ex alcaldesa; Epifanio “N”, ex síndico, y Hugo “N”, ex secretario. Las autoridades señalan que habrían utilizado sus cargos para disponer de bienes municipales de forma irregular, afectando el patrimonio público.
Las indagatorias apuntan a un daño patrimonial de dos millones 207 mil pesos, derivado de la baja ilegal de diversos bienes muebles. Entre ellos se encuentran dos camionetas tipo Frontier, dos cuatrimotos y un automóvil Chevrolet Cruze, todos adquiridos recientemente por el ayuntamiento.
Según el Ministerio Público, en una sesión extraordinaria de cabildo realizada en mayo de 2024 se habrían falsificado firmas de regidores para aparentar la aprobación de la desincorporación de dichos bienes. Con ese mecanismo fraudulento, los vehículos salieron del inventario municipal y fueron registrados posteriormente a nombre de familiares de los acusados. Llama la atención que estas unidades habían sido compradas apenas cuatro meses antes, lo que sugiere una planeación previa para apropiarse de los recursos públicos.
Una vez acreditadas las irregularidades, la FECC integró la carpeta de investigación y citó a los ex servidores públicos ante la autoridad judicial. Los datos de prueba permitieron establecer su presunta participación en los hechos.
Tras la audiencia celebrada el miércoles 14 de enero, el juez determinó vincularlos a proceso y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá fortalecer las pruebas y definir la acusación formal contra los ex funcionarios.
