Aunque la madre de la niña acudió a las autoridades a denunciar la violación, éstas fueron omisas y nunca hicieron nada
Gran revuelta ha causado en Venezuela el caso de una profesora de secundaria que fue encarcelada, luego de que ayudara a una de sus alumnas de 13 años de edad a realizarse un aborto, tras haber quedado embarazada producto de una violación.
El hecho provocó una intensa movilización social debido a que el responsable de la agresión sexual en contra de la menor fue dejado en libertad por “falta de pruebas”, mientras que la justicia se ensañó sobre la docente.
La maestra, identificada como Vanesa Rosales, es también activista social y proporcionó a la menor una pastilla abortiva tras enterarse que gestaba un producto de 12 semanas luego de haber sido abusada en repetidas ocasiones por un hombre de 52 años de edad que vivía en la misma favela, ubicada en el estado andino de Mérida.
La menor, cuya identidad ha sido reservada, le compartió a Rosales los hechos ya que no sabía a quién acudir.
La educadora que lleva varios años dedicada al trabajo social en comunidades pobres de esa región, conocía la situación económica de la niña y su familia, quienes viven en pobreza extrema, y accedió a la petición de la madre, quien le pidió las ayudara.
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Tras darle el abortivo la niña presentó sangrado y tuvo que ser llevada a un hospital para que le practicaran un legrado, fue ahí donde las autoridades fueron alertadas dado que en el país el aborto está prohibido.
La madre de la niña, que entonces había acudido a una sede policial a denunciar la violación, terminó detenida y acusada de asistir un aborto, aunque fue excarcelada 22 días después.
Aún hospitalizada, la niña fue obligada a declarar y contó que su profesora le había provisto el medicamento, un testimonio que sirvió para encarcelar a la activista durante 90 días, pero no para mantener tras las rejas al agresor, quien fue detenido y puesto en libertad en menos de 48 horas, pues no se pudo demostrar la flagrancia del delito.
Rosales es acusada por los delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto de una mujer con su consentimiento, una de las causales que establece la legislación venezolana para castigar la interrupción del embarazo, un escenario prohibido hasta cuando hay inviabilidad del feto o el embarazo es producto de una violación.
La docente, según información difundida por medios locales, fue puesta en arraigo domiciliario tras las múltiples protestas y apoyos de diversos colectivos, pero enfrenta un juicio que la podría poner 12 años tras las rejas.
Al respecto, Venus Faddoul, abogada defensora de Rosales, asegura que según una revisión médica, el feto “estaba condenado a morir” pues la niña “no tenía el útero desarrollado”, por lo que pide que el caso sea desestimado.
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NCV
