Además, se pidió adicionar un párrafo tercero al artículo 386 del Código Penal Federal para castigar con prisión a quien realice pruebas PCR falsas
El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, propuso una pena de 22 años 6 meses de prisión a quien ofrezca vacunas anticovid no avaladas por la autoridad sanitaria.
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, presentó una iniciativa de ley para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley de Protección al Consumidor y de la Ley de Aviación Civil en materia de prevención de conductas ilegales en emergencia sanitaria.
En la exposición de motivos, recordó que el 19 de agosto de 2020 la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el riesgo que representaban las pruebas serológicas que no contaban con autorización sanitaria para su comercialización.
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En este contexto, señaló que algunos particulares han incurrido a prácticas ilegales, como la falsificación de certificados médicos, con el fin de cumplir con los requisitos para trasladarse a diversas demarcaciones territoriales, poniendo en peligro a un gran número de personas.
También mencionó que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtieron sobre un “mercado negro” de certificados con resultados de Covid-19 negativos para ingresar a Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa.
En este contexto, el coordinador de Morena planteó reformar el artículo 198 BIS del Código Penal Federal para que se castigue con 6 meses a 5 años de prisión a la persona que, a sabiendas de que es portadora de Covid-19, haga uso de certificados o constancias médicas alteradas o que contengan información falsa, poniendo en peligro de contagio la salud de otras personas en cualquier tipo de transporte de servicio público, federal o local que solicite como requisito para abordar la certificación de no ser portador de la enfermedad.
Además, pidió adicionar un párrafo tercero al artículo 386 del Código Penal Federal para castigar con 4 años, 6 meses de prisión a quien realice pruebas PCR falsas.
En su iniciativa, Monreal propone también modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Lo anterior, a efecto de que todo proveedor de oxígeno medicinal y de servicios funerarios se encuentre obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicadas en la comercialización de bienes, productos o servicios, incluyendo aquellos de alto consumo en contingencia sanitaria.
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CAB
