Morena quiere aprobar la primera ley en la historia contra el robo de energía eléctrica con diablitos, ya que esto genera pérdidas por 59 mil 173 mdp
Ya sea por medio de los llamados diablitos o instalaciones más sofisticadas, la fracción de Morena en el Senado de la República impulsa la primera ley que sanciona hasta con 20 años de cárcel, extinción de dominio y la aplicación de prisión preventiva el robo de energía eléctrica, pues tan sólo en un año esta práctica ocasionó pérdidas al erario por 59 mil 173 millones de pesos.
Así, Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, hizo pública su propuesta de crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Infraestructura y el Sistema Eléctrico, que en su parte expositiva establece que “aunque el gobierno federal inició un combate frontal contra el hurto de combustible, en el robo de electricidad todavía no marca una pauta decisiva para hacerle frente, aun cuando esta problemática también lesiona las arcas del Estado por miles de millones de pesos”.
En su exposición de motivos, el senador Guadiana citó el primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar que “de los 59 mil 173 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió entre junio de 2018 a junio del 2019, por el robo de electricidad, fue a parar al crimen organizado”.
Así, el legislador federal plantea que “el Ministerio Público de la Federación procederá de oficio en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley, salvo aquellos que conforme a la misma se perseguirán por querella de parte ofendida o del grupo regulador.
“Durante el procedimiento penal, el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra”, dice.
De igual manera, plantea que se castigará con prisión de 16 hasta 20 años a quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo o que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medición, cuando el consumo sea mayor a un millón de kwh.
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